Los magistrados Oswaldo Ordóñez, Andrés Tapia y Bacilio Cueva enfrentan cargos por desobediencia tras insistir en ejecutar medidas que afectan el cronograma electoral 2026
Tres jueces de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima podrían terminar en prisión. El Jurado Nacional de Elecciones presentó una denuncia penal contra Oswaldo Ordóñez Alcántara, Andrés Tapia Gonzales y Bacilio Cueva Chauca por desobedecer una orden del Tribunal Constitucional.
Los magistrados insistieron en ejecutar resoluciones que modifican el cronograma de las Elecciones Generales 2026, pese a que el TC suspendió expresamente cualquier medida que pudiera alterar el proceso electoral.
El procurador del JNE, Ronald Angulo Zavaleta, presentó la denuncia ante el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. La acusación incluye los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad.
El origen del conflicto
El problema surgió cuando el juez John Paredes ordenó al JNE modificar su cronograma electoral. La medida buscaba incluir al partido de Duberlí Rodríguez, expresidente de la Corte Suprema involucrado en el escándalo de los «Cuellos blancos». Rodríguez lidera Unidad Popular, agrupación que pretendía inscribirse fuera de los plazos establecidos.
Esta orden generó una demanda de competencia. El objetivo era determinar si el Poder Judicial tiene atribuciones para intervenir en el desarrollo de procesos electorales.
La medida cautelar ignorada
El siete de octubre, el Tribunal Constitucional otorgó una medida cautelar al JNE. La resolución establecía que el Poder Judicial no podía emitir nuevas resoluciones que comprometieran el cronograma electoral. «Sin que pueda emitir nuevas resoluciones que pudieran comprometer el desarrollo del cronograma de las Elecciones Generales 2026», era el mandato.
Sin embargo, Ordóñez, Tapia y Cueva continuaron intentando ejecutar las medidas que favorecían al partido de Rodríguez.
El desacato deliberado
La denuncia señala que los tres jueces actuaron deliberadamente. «A sabiendas de que dichas resoluciones no tienen efectos y no pueden ni deben ser valoradas, insisten en continuar con la ejecución de las mismas», indica el documento.
El procurador sostiene que esta conducta configura desacato irrefutable. Por ello solicitó que la Fiscalía investigue y procese a los magistrados denunciados. El caso expone la tensión entre el Poder Judicial y los organismos electorales, y revela cómo ciertos operadores judiciales intentan modificar las reglas electorales en beneficio de actores políticos específicos.
