El primer ministro Ernesto Álvarez advierte sobre la dependencia del precio alto del metal y llama a destrabar proyectos mineros paralizados. Mientras tanto, el gobierno articula una estrategia contra el crimen organizado que incluye comités interinstitucionales y trabajo de inteligencia.
El Perú vive de prestado. El precio alto del cobre mantiene a flote la economía, pero el premier Ernesto Álvarez no oculta su preocupación por lo que pasaría si el metal se desploma.»El Perú sufriría enormemente, pero ojalá que Dios nos proteja y no suceda», declaró el funcionario. Álvarez espera que el margen que da el precio del cobre le permita al siguiente gobierno implementar políticas durante dos, tres o cuatro años para generar nuevas fuentes de riqueza. La solución que propone el gobierno es clara: destrabar proyectos mineros como Tía María y Conga, paralizados desde hace años.
La minería como única salida
El primer ministro carga contra quienes se oponen a estos proyectos. Álvarez asegura que con la ley de consulta previa y las normas medioambientales que el Perú suscribió en convenciones internacionales, ya no hay dudas de que la gran minería puede servir a los intereses del país. «El canon minero es un instrumento fundamental para el desarrollo», afirmó. El gobierno atribuye el estancamiento de estos proyectos a lo que llama «agitadores profesionales».
El discurso oficial endurece el tono. «Oponerse a la gran minería que cumple estándares ambientales y compromisos con las comunidades es, prácticamente, traicionar al Perú en este momento», dijo Álvarez. La declaración revela la apuesta total del gobierno por la minería como única vía de desarrollo, sin mencionar alternativas económicas.
Seguridad: comités y servicios de inteligencia
En otro frente, el gobierno articula una respuesta contra el crimen organizado. Álvarez detalló que en 17 o 18 días han formado comités para articular los esfuerzos que antes realizaban por separado la Policía y los alcaldes. La estrategia une al Ministerio del Interior, la Policía, las Fuerzas Armadas, los alcaldes, las juntas vecinales y un comité operativo.
El premier también reveló trabajo de inteligencia coordinado. Reconoció que la extorsión y el sicariato son delitos que no se ven en la calle, como el terrorismo. Por eso presidió la primera reunión entre los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior, la Policía, el Ejército, la Marina y la Aviación. El gobierno promete mano dura, aunque no especificó plazos ni metas concretas para reducir la violencia que azota las ciudades.
