Una auditoría de la Contraloría detectó que Ricardo Kanashiro modificó las bases del concurso para favorecer a un proveedor. Pese a la advertencia, firmó el contrato por 7 millones de soles y renunció días después. El proceso eliminó a siete de nueve postores.
La Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior manipuló el proceso de compra de 3,164 chalecos antibalas. La Contraloría advirtió el 24 de septiembre que Ricardo Kanashiro Romero alteró las bases del concurso para beneficiar a un proveedor específico. El funcionario ignoró la observación, firmó el contrato con la empresa mexicana Armor Life Lab por 7 millones de soles y renunció al cargo pocos días después.
La Contraloría detectó la manipulación
La auditoría fue contundente. «Durante la absolución de consultas la OGAF modificó una de las condiciones previstas en las bases administrativas de la contratación internacional con relación al plazo de fabricación de los chalecos antibalas al ser entregados por el postor ganador, motivando que las propuestas de 7 de 9 postores sean descartadas durante la evaluación de ofertas», señaló el informe. El organismo advirtió que esta situación generaba cuestionamientos al trato justo e igualitario y afectaba la transparencia del procedimiento.
Cambio de reglas para favorecer a una empresa
Una fuente del Ministerio del Interior explicó el mecanismo. «Lo que estaba diciendo la Contraloría es que el proceso había sido ‘arreglado’ para favorecer a una empresa ofertante, adecuando las bases del concurso para que encajara con el producto propuesto», indicó. La hipótesis señala que Armor Life Lab ya tenía los chalecos en almacén. Por eso la OGAF modificó los plazos de entrega.
El 8 de octubre, Kanashiro suscribió el contrato con Armor Life Lab por 2,008,989 dólares. La decisión contradijo al Comité de Selección de la Séptima Región Policial de Lima, que había desestimado por razones técnicas el modelo presentado. Días después de firmar, Kanashiro renunció.
Un patrón de irregularidades
No es la primera vez que se habla de procesos «arreglados» en el Mininter. El 13 de marzo, el exministro Juan Santiváñez declaró nulo el contrato que había ganado el Consorcio Armory Onix por 2.3 millones de dólares para los mismos chalecos. El consorcio rechazó las acusaciones. El caso está en arbitraje y fuentes consideran probable que gane contra el ministerio.
