Alcalde Felipe Castillo exige presencia efectiva de fuerzas del orden en su distrito, uno de los más golpeados por extorsión y sicariato, mientras agentes sí patrullan zonas con menor incidencia delictiva
El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, denunció este jueves 23 de octubre que su distrito carece de presencia policial y militar pese a encontrarse bajo estado de emergencia. La comuna, una de las más afectadas por la ola de extorsiones y sicariato que azota Lima, no cuenta con los efectivos necesarios mientras otros distritos con menor incidencia criminal sí registran patrullaje de las fuerzas del orden.
En declaraciones a Canal N, Castillo expresó su sorpresa ante la distribución de los agentes: observa presencia policial en distritos como San Borja o Miraflores, pero no en Los Olivos. «Necesitamos aterrizar el estado de emergencia para poder hacer control de identidad y patrullajes disuasivos en las zonas más calientes de nuestro distrito», señaló el burgomaestre.
La paradoja del estado de emergencia
Lima Norte y Lima Este concentran los índices más altos de violencia criminal en la capital. Sin embargo, estas zonas registran la menor cantidad de efectivos desplegados. La situación contrasta con la realidad de comunas de ingresos más altos, donde la presencia de uniformados resulta notoria.
«En el pasado, teníamos militares y los distribuíamos, pero ahora no; no vemos ni policías ni militares (desde que se declaró la medida de excepción)», denunció Castillo. El alcalde enfatizó que desde la declaratoria del estado de emergencia no observa cambios en el despliegue de fuerzas del orden en su jurisdicción.
Reclamo directo al Ejecutivo
El burgomaestre olivense dirigió su exigencia directamente al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y al presidente del Consejo de Ministros, José Jerí. «Llamamos al ministro del interior y al presidente, porque nuestros vecinos no ven ningún cambio», afirmó Castillo.
El alcalde calificó a Los Olivos como el distrito más afectado por las extorsiones. Esta situación evidencia una desconexión entre la medida de excepción decretada y su aplicación concreta en los territorios que más la necesitan. La denuncia plantea interrogantes sobre los criterios de distribución de los efectivos y la efectividad real del estado de emergencia en las zonas donde la delincuencia organizada opera con mayor intensidad.
