Proyecto de pensión incluye becas universitarias y abarca fallecimientos desde el año 2000. El Estado acreditará la condición de víctima tras informes del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
El Congreso recibió el Proyecto de Ley N.° 12901/2025-CR que propone entregar una pensión mensual vitalicia de S/2,260 y becas educativas a los deudos de personas fallecidas en protestas sociales. La iniciativa del congresista Héctor Valer Pinto busca reparar económicamente a las familias de víctimas desde el año 2000. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos acreditará cada caso mediante informes previos del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Requisitos y beneficiarios
El Ministerio de Justicia exigirá informes que confirmen que la muerte ocurrió directamente durante una protesta social. La propuesta establece un orden de prelación excluyente para los beneficiarios. Primero se prioriza al cónyuge o conviviente, luego los hijos menores de edad o con incapacidad permanente. También incluye a hijos mayores hasta 28 años que estudien, los padres de la víctima y hermanos menores que dependieran económicamente del fallecido.
Pensión mensual y becas
El proyecto fija una pensión vitalicia equivalente a dos remuneraciones mínimas vitales, S/2,260 mensuales. Este dinero se distribuye en partes iguales entre todos los beneficiarios. Si la víctima dejó un cónyuge y dos hijos menores, cada uno recibiría S/753.33 al mes.
La iniciativa crea el programa «Reparación y Futuro» bajo la administración del Pronabec. La beca cubrirá matrícula, pensiones, materiales, manutención y titulación en instituciones de educación superior públicas o privadas debidamente licenciadas.
Financiamiento e implementación
El financiamiento provendrá de los presupuestos del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Educación. Durante el primer año fiscal no demandará recursos adicionales del Tesoro Público. Los años siguientes requerirán incorporar fondos en las leyes anuales de presupuesto. El reglamento debe aprobarse en 60 días calendario tras la entrada en vigencia de la ley.
El proyecto se inspira en experiencias de Colombia y Argentina, países que implementaron mecanismos similares. La propuesta busca apoyar a familias de quienes fallecieron en protestas, aunque reconoce que en ocasiones algunos manifestantes agreden a policías.
