La Comisión de Constitución del Congreso respaldó con 14 votos a favor la creación de una base de datos de ADN que estará bajo administración exclusiva de la Policía Nacional, sin participación del Ministerio Público ni del Instituto de Medicina Legal
La Comisión de Constitución del Congreso aprobó la creación del Banco Nacional de Perfiles Genéticos mediante análisis de ADN. La propuesta entrega el control absoluto a la Policía Nacional sin distinguir entre delincuentes y víctimas. El proyecto permite tomar muestras de cualquier persona involucrada en una investigación policial o fiscal, sin límites claros. La iniciativa obtuvo 14 votos a favor, 7 en contra y una abstención.
Una base de datos sin filtros
El dictamen reúne los proyectos de ley 7631/2023-CR y 10504/2024-CR de los fujimoristas Juan Lizarzaburu y Fernando Rospigliosi. La propuesta busca superar las limitaciones del sistema de huellas digitales que usa actualmente la PNP.
Para Rospigliosi, la ley es «un recurso para combatir el delito, proteger al ciudadano y generar confianza». El legislador declaró que «es necesario modernizar todas las herramientas que tiene el Estado peruano que, desgraciadamente, en muchos aspectos, están retrasadas con respecto a los avances que tiene la propia delincuencia».
Control policial sin supervisión técnica
El Artículo 12 del proyecto establece que se tomarán muestras de todas las personas involucradas en una investigación policial, fiscal o judicial penal. El texto no diferencia entre víctimas y victimarios. La administración de toda la información estará únicamente en manos de la PNP, sin participación del Ministerio Público ni del Instituto de Medicina Legal.
La congresista Ruth Luque rechazó el proyecto. «Le quieren dar a la PNP el control de perfiles genéticos, dicen para perseguir el crimen, pero no hacen distingo de los delitos, incluyen a víctimas y no sentenciados. La PNP, tan desprestigiada, que criminaliza y terruquea, va a tomar el control de información sensible», escribió en sus redes sociales.
Contradicciones legislativas
El Parlamento impulsa esta medida mientras mantiene vigentes normas que favorecen la impunidad. La Ley 31751, conocida como «Ley Soto», manipula los plazos de prescripción. La Ley 32104 refuerza esta norma y la Ley 31990 recorta los plazos en procesos de colaboración eficaz. Ninguna ha sido derogada. El dictamen aún requiere aprobación en el Pleno para convertirse en ley.
