Alejando Arteaga
– ¿Qué lectura jurídica le merece la actual moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte? ¿Cree que responde a una causal legítima prevista por la Constitución o estamos frente a un uso político de una figura excepcional?-La vacancia por “incapacidad moral permanente” es una figura excepcional que debe aplicarse con extremo rigor. Si bien la Constitución permite mecanismos de control político, estos deben sustentarse en hechos objetivos, no en percepciones coyunturales. En este caso, los problemas de inseguridad o criminalidad, aunque graves, no constituyen una causal directa atribuible personalmente a la presidenta. Utilizar la vacancia como respuesta política a un problema estructural puede debilitar el orden constitucional.
–Usted ha analizado diversos procesos constitucionales en el país. ¿Qué se busca realmente con esta nueva moción de vacancia: una corrección institucional, una sanción política o un reacomodo del poder?
-Observo una mezcla de motivaciones. Por un lado, hay una legítima preocupación ciudadana frente a la inseguridad; pero también existen intereses políticos de reacomodo de fuerzas y protagonismos anticipados ante la cercanía de las elecciones generales. Más que una sanción institucional, parece un intento de presión política que no necesariamente conduce a una mejora en la gestión del Estado.
-Desde su perspectiva, ¿qué ganaría o perdería el Perú si prospera esta moción? ¿Contribuiría a restablecer la confianza en las instituciones o podría agravar la crisis de gobernabilidad?
-El Perú perdería más de lo que ganaría. La vacancia generaría un vacío de poder y profundizaría la crisis de gobernabilidad. En tiempos de inseguridad, un descabezamiento del Ejecutivo solo debilita la capacidad de respuesta del Estado frente al crimen organizado. No se puede combatir el caos con más caos institucional.
–Usted ha sostenido que el concepto de “incapacidad moral permanente” debe interpretarse con rigurosidad. En este caso, ¿observa fundamentos objetivos que encajen en esa causal o se trata de una interpretación extensiva del artículo 113 de la Constitución?
-No veo fundamentos que cumplan con los criterios exigibles. La causal debe aplicarse solo ante hechos concretos, demostrables y graves. Extender su interpretación por razones políticas desnaturaliza el texto constitucional y convierte un mecanismo excepcional en un instrumento de confrontación permanente.
–¿Considera usted que el Congreso está cumpliendo el debido proceso constitucional en esta moción o percibe irregularidades que podrían ser cuestionadas ante el Tribunal Constitucional?
-La rapidez con la que se ha impulsado esta moción plantea dudas sobre el debido proceso. Si no se respeta el derecho de defensa del Ejecutivo y no se fundamenta cada acusación con pruebas verificables, se vulnera la esencia misma del control político. Una decisión apresurada podría ser impugnada ante el Tribunal Constitucional.
–Desde su conocimiento del funcionamiento del Estado, ¿qué señales políticas envía al país y al exterior la activación de una nueva moción de vacancia presidencial? ¿Fortalece o debilita la imagen institucional del Perú?
-Debilita nuestra imagen. A nivel internacional, el Perú proyecta inestabilidad y falta de madurez institucional. Cada vacancia genera incertidumbre económica y política. Hacia adentro, se consolida la percepción de que el poder político se usa para desestabilizar, no para gobernar. Esa repetición erosiona la confianza en el sistema democrático.
–¿Considera que el uso reiterado de la vacancia se ha convertido en un instrumento de desestabilización? ¿Debería reformarse su regulación constitucional?
-Definitivamente sí. Cuando la vacancia se utiliza con frecuencia, deja de ser una válvula de emergencia y se transforma en un arma política. Es necesario reformar la Constitución para precisar las causales, exigir mayor votación calificada y establecer límites procedimentales. Solo así se preservará la estabilidad del régimen presidencial.
–En relación con el reciente ataque armado ocurrido durante un evento social, ¿qué nos revela este hecho sobre el estado de la seguridad nacional y la inteligencia del país?
-Revela un deterioro profundo del sistema de inteligencia y de la coordinación interinstitucional. Si un grupo criminal logra atacar un evento de esa magnitud, incluso en un entorno militar, es porque el Estado no está anticipando las amenazas. Falta inteligencia preventiva, presencia territorial y trabajo conjunto entre la Policía, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público. Es un llamado de alerta nacional.
–Algunos sectores sostienen que la inseguridad justificaría la vacancia. Desde su perspectiva, ¿es correcto vincular la crisis de seguridad con la responsabilidad política directa del Ejecutivo?
-No. La inseguridad es un problema estructural que se ha incubado durante años, producto de la corrupción, la falta de planificación y el debilitamiento institucional. No puede personalizarse en una sola figura. Lo que corresponde es una estrategia integral del Estado. Cambiar de presidente no erradica el crimen; al contrario, puede paralizar los avances que se vienen implementando.
–Finalmente, doctor, si la vacancia no prospera, ¿qué salida constitucional y política recomienda para recuperar la confianza ciudadana y la gobernabilidad?
Propongo cinco medidas concretas:
- Establecer un Acuerdo Nacional por la Seguridad, con participación de todos los poderes del Estado y la sociedad civil.
- Reforzar la inteligencia nacional mediante tecnología moderna y coordinación interinstitucional.
- Garantizar transparencia y rendición de cuentas en cada acción del Ejecutivo.
- Promover unidad política hasta las próximas elecciones, priorizando la estabilidad sobre los intereses partidarios.
- Reafirmar el respeto a la Constitución y al orden democrático como base de la soberanía nacional.
FIRMEZA Y SERENIDAD. El Perú necesita firmeza y serenidad. En tiempos de crisis, no se debe romper el timón del Estado; se debe corregir el rumbo con liderazgo y responsabilidad.
