La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo decidirá en los próximos días si apertura investigación contra la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Satipo, Giovana Valencia Canto, por el delito de abuso de autoridad en agravio del profesor Juvenal Saire Aldazabal por destituirlo de su cargo arbitrariamente, tras una presunta denuncia en su contra por realizar tocamientos indebidos a una escolar.
Esta denuncia fue presentada ante el Ministerio Público por el abogado penalista Eliseo Talancha Crespo, quien argumenta que su defendido fue destituido de su cargo sin haber ejercido su derecho de defensa por los cargos que se le imputa y no acoger las pruebas que presentó a su favor entre ellos la declaración de dos profesores que señalan que es falso lo que dice el padre de la menor.
Además, en la Fiscalía solo existe la denuncia del padre de la menor y hasta la fecha la niña no ha declarado ante la cámara Gesell.
En la denuncia también comprendió a los miembros de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos para Docentes de la Ugel Satipo, Michel Angel Barzola Aguilar, Sandro Babilón Alania e Invone Emperatriz López Terry, por el delito de atentado contra documentos que sirven de prueba en el proceso administrativo contra el profesor Juvenal Saire Aldazabal.
Agrega, que Giovana Valencia Canto en su calidad de Directora de la Unidad de Gestión Educativa aprovechando de su cargo actuó de manera abusiva y arbitrariamente aplicó la drástica medida de destitución contra el profesor al margen de la ley sin haberse seguido y cumplido dolosamente el debido procedimiento administrativo sancionador que establece la Constitución, la Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento y demás normas aplicables.
Además, indica, que los denunciados han ocultado dolosamente las pruebas ofrecidas por el maestro con el fin de perjudicarlo y tampoco han sido incorporados al Expediente Administrativo, lo cual prueba constituye una vulneración flagrante al derecho a la defensa y contradicción de la prueba, colocándolo en estado de indefensión frente a una imputación de carácter gravísimo.
Este hecho, ha perjudicado económica y moralmente al docente porque ha perdido su empleo y le ha ocasionando una serie de daños y perjuicios.
