El exministro del Interior invoca nueva ley para conseguir su liberación inmediata. La Tercera Sala Penal dejó al voto su solicitud mientras la Fiscalía rechaza los argumentos de la defensa.
Daniel Urresti, exministro del Interior condenado a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, solicita que se anule todo lo actuado en su proceso penal y se ordene su liberación inmediata. La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria dejó al voto el pedido que busca declarar prescrito el delito de homicidio calificado ocurrido en 1988, cuando el periodista se dirigía a cubrir la desaparición de una familia completa en Ayacucho.
La estrategia legal de la defensa
Urresti, excandidato presidencial por Podemos Perú, invoca la Ley 32107 para respaldar su solicitud. Esta norma precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Su abogado Miguel Ángel Soria argumenta que el Poder Judicial aplicó de manera retroactiva el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para sentenciar a su defendido.
La defensa sostiene que este estatuto entró en vigencia en Perú en 2002, catorce años después de los hechos que se registraron en 1988. Urresti purga condena por homicidio calificado en modalidad de alevosía contra Hugo Bustíos y por tentativa de homicidio calificado contra Eduardo Rojas.
La posición del Ministerio Público
El fiscal Pedro Orihuela refuta categóricamente los argumentos de la defensa. Aclara que la condena a Urresti no se dio bajo las consideraciones del Estatuto de Roma que menciona Soria. El representante del Ministerio Público añade que el caso tiene carácter imprescriptible por tratarse de una violación de derechos humanos.
Esta posición del fiscal busca cerrar cualquier posibilidad de que prospere el pedido de anulación. La Fiscalía mantiene que los delitos contra periodistas en contextos de violencia política no prescriben según los estándares internacionales.
El crimen que marcó el periodismo peruano
Hugo Bustíos fue asesinado cuando se dirigía a cubrir un crimen cometido contra una familia en la zona de Erapata, en Huanta. Un contingente de la Base Militar de Castropampa interceptó al periodista durante su labor informativa. Urresti era capitán del Ejército destacado en Ayacucho cuando ocurrieron los hechos.
La sentencia de abril de 2023 estableció que Urresti cumplirá su pena hasta abril de 2035. El caso se convirtió en un símbolo de la persecución contra periodistas durante el conflicto armado interno que vivió el país.
Rechazo gremial a la solicitud
La Asociación Nacional de Periodistas emitió un comunicado pidiendo al Poder Judicial ratificar la postura de la Fiscalía. El gremio solicita no acceder al pedido de Urresti y mantener firme la condena impuesta.
La organización exige al Estado peruano «garantizar que ninguna norma contraria a los estándares internacionales de derechos humanos sea utilizada para socavar la justicia». Esta posición refleja la preocupación del sector periodístico ante intentos de revertir condenas por crímenes contra la prensa.
