La investigación contra el ministro de Justicia se basa en testimonios no verificados y carece de evidencias concretas. Mientras la fiscalía insiste en su culpabilidad, Santiváñez denuncia una campaña orquestada por intereses políticos.
El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, enfrenta acusaciones del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) por presuntamente liderar una red criminal. La fiscalía alega que interfirió en contrataciones del Ministerio del Interior y benefició a empresas mineras. Sin embargo, estas imputaciones dependen casi exclusivamente de testimonios de testigos protegidos cuya credibilidad y motivaciones permanecen bajo escrutinio. Santiváñez niega enfáticamente los cargos y acusa a sectores del Ministerio Público de operar como una organización criminal para desestabilizar al gobierno.
¿Testimonios o especulaciones?
La fiscalía sostiene que Santiváñez modificó términos de referencia en la Defensoría de la Policía para favorecer a su ex cliente, el coronel Percy Tenorio. Según el testigo protegido con clave 3-2025, Santiváñez ordenó ajustar los requisitos de experiencia y formación para que Tenorio pudiera acceder a contratos millonarios. El testigo declaró: “Marco Palacios Meza ponía en conocimiento que se había comunicado con Juan José Santiváñez y este delegaba a su secretaria para realizar coordinaciones con Máximo Gutiérrez Ramírez”.
Sin embargo, no se presentan grabaciones, documentos o pruebas bancarias que corroboren estas afirmaciones. El general Máximo Ramírez, director de la Defensoría de la Policía, negó públicamente haber otorgado favores: “Soy incapaz de concertar con alguien en este tipo de estupideces” . La falta de transparencia sobre la identidad del testigo protegido y sus posibles motivaciones—como beneficios procesales—debilita la solidez del caso.
Acusaciones sin sustento económico
Uno de los cargos más graves involucra un presunto pago de 20,000 dólares para mantener al general Gregorio Villalón en su cargo y facilitar una operación policial a favor de la minera El Dorado . El testigo protegido asegura que Santiváñez coordinó esto mediante llamadas telefónicas con Percy Tenorio. Pero la fiscalía no aporta registros de comunicaciones, transferencias bancarias o testimonios de los empresarios involucrados.
El empresario Franco Parodi, representante de la minera, habría pactado pagos por 160,000 dólares según el testigo. Sin embargo, no se exhiben recibos o comprobantes que respalden esta transacción. Santiváñez insiste en que las reuniones con Tenorio y otros actores fueron profesionales y vinculadas a casos legales previos.
Contexto político y contradicciones
Santiváñez atribuye las investigaciones a una campaña de desprestigio. En sus palabras: “El Ministerio Público forma parte de una organización criminal, sumado a un grupillo de jueces que están debidamente identificados” . Señala que los fiscales actúan con fines políticos, especialmente tras su censura como ministro del Interior en marzo de 2025.
Las reuniones en el restaurante Cordano, citadas como «clandestinas» por la fiscalía, fueron justificadas por Santiváñez como encuentros con amigos y su abogado defensor. “La reunión con Marco Palacios es porque su ex socio es su abogado en el caso de indemnización demandado por el ex terrorista Quispe Palomino”, explicó . La fiscalía no demostró que estos encuentros tuvieran fines ilícitos.
¿Dónde están las pruebas?
La investigación carece de elementos clave:
· No hay evidencias documentales de las modificaciones en los términos de referencia.
· No se presentan pruebas financieras de los supuestos sobornos.
· La identidad del testigo protegido sigue oculta, impidiendo verificar su credibilidad.
Santiváñez solicitó al Poder Judicial revelar la identidad de los testigos, argumentando que el anonimato vulnera su derecho a una defensa adecuada. Su abogado afirmó: “La falta de acceso a esta información vulnera el derecho a ser informado, a conocer la imputación y a la igualdad de armas”.
¿Caso sólido u operación política?
La fiscalía construye su caso sobre relatos no verificados. Santiváñez, por su parte, expone contradicciones en el procedimiento judicial y denuncia intereses ocultos. En un contexto de alta polarización política, la ausencia de pruebas concretas alimenta dudas sobre la objetividad de la investigación. La ciudadanía espera respuestas claras, no declaraciones mediáticas. El tiempo dirá si la justicia peruana actúa con independencia o repite viejos patrones de persecución selectiva.
