La selección peruana de fútbol enfrentará en los próximos días a Uruguay y Paraguay. Con un margen reducido, la única opción es ganar para alcanzar el repechaje y mantener viva la esperanza de clasificar al Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.
Pero mientras los hinchas ponen sus expectativas en los resultados de los encuentros de fútbol, se juega un partido paralelo en las casas de apuestas deportivas virtuales. Miles de usuarios esperan el pitazo final para conocer el desenlace de sus jugadas en línea. Sin embargo, el negocio que se esconde detrás de esas plataformas está la confrontación con el Gobierno por la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
El origen del conflicto
La controversia surge con el Decreto Legislativo 1644, promovido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La norma dispuso que las apuestas deportivas en línea —incluidas aquellas de compañías extranjeras no domiciliadas en el Perú— debían pagar ISC. Esto generó un sobrecosto que, según los operadores, terminó trasladándose al consumidor final.
Frente a las quejas de usuarios y empresas, el Congreso aprobó en junio una autógrafa de ley que buscaba corregir la aplicación del impuesto en las plataformas de juegos y apuestas deportivas virtuales, tanto nacionales como extranjeras. Además, introdujo disposiciones adicionales como la tipificación del delito de manipulación de resultados deportivos, un problema que se podría presentar en el ámbito del iGaming.
La respuesta del Gobierno fue inmediata, observó la autógrafa de ley. El argumento central del Ejecutivo fue que “no existe un vacío normativo en la regulación del ISC a los juegos y apuestas deportivas a distancia prestados por empresas no domiciliadas”. Esta posición ha abierto un nuevo capítulo en la disputa.
Para el expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesías, el DL 1644 “fue mal concebido” desde su origen sostuvo en una entrevista. Según advierte, la decisión de observar la autógrafa abre la posibilidad de que los operadores recurran al Poder Judicial. “Se ha favorecido a las casas de apuestas y juegos de azar virtuales, que quedarían habilitadas a presentar recursos legales contra el cobro del impuesto”, sostuvo Mesías.
Si tales demandas prosperan, el Estado podría verse obligado a devolver millones de soles recaudados en concepto de ISC, lo que representaría un serio golpe para las finanzas públicas.
Riesgo de informalidad
Tributaristas consultados coinciden en señalar que el DL 1644 no solo es inconstitucional, sino que puede producir un efecto contrario al esperado: en lugar de fortalecer la recaudación, estimularía la informalidad.
El caso encuentra un paralelo en lo ocurrido con las plataformas de streaming como Netflix, HBO, Disney, entre otras. Cuando fueron incorporadas al sistema tributario peruano, elevaron sus tarifas para pagar impuestos en el país, lo que abrió espacio para servicios piratas y redujo el ingreso tributario esperado.
De replicarse este escenario en las apuestas deportivas, el mercado informal podría expandirse con rapidez, dejando al Estado con menos recursos y sin capacidad de fiscalización.
El futuro de los juegos y apuestas deportivas en línea se definirá en el Congreso. Si este aprueba por insistencia la norma que corrige los errores del ISC, se podría dar un respiro a los operadores y usuarios. De lo contrario, el tema podría trasladarse a los tribunales, con un desenlace incierto que pondría en jaque tanto la recaudación como la regulación de un negocio millonario en plena expansión.
