El juez Julio César Arbieto Huansi, del Juzgado Civil de Lurín fue destituido temporalmente por 36 meses tras verse involucrado en el caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Este mismo magistrado también fue denunciado por haber favorecido mediante una sentencia anticipada al empresario Richard Fernando Barreto Paredes, vinculado a los Panama Papers y denunciado por una presunta apropiación ilícita de una embarcación pesquera en Sechura.
La resolución judicial emitida por Arbieto benefició directamente a la empresa Servicios Constructivos Capurro y Gonzales SAC, vinculada a Barreto, permitiéndole reabrir la partida registral de una embarcación que ya no existía físicamente y obtener ilegalmente una cuota de pesca de anchoveta correspondiente a la familia sechurana Eche Panta, legítimos dueños de la nave.
Según la denuncia, la empresa Capurro y Gonzales logró adjudicarse en 2022 la nave Don Gregorio, a pesar de que había sido desguazada meses antes y su matrícula había sido oficialmente cancelada por SUNARP.
Según los hermanos Eche Panta, agraviados del caso, esta argucia legal se hizo utilizando como supuesto representante de los propietarios a una persona ajena, Ernesto Alejandro Saavedra Holguín, quien habría simulado recibir un cheque nunca entregado.
Gracias a la actuación anticipada de sentencia dictada por el juez Arbieto, el Ministerio de la Producción canceló el permiso de pesca de la nueva embarcación construida por los Eche Panta (PT-67299-PM), dejando sin trabajo a más de 25 familias y autorizando a la empresa beneficiada el uso de la cuota de pesca en dos temporadas consecutivas: 2024 y 2025.
*Cuestionamientos éticos
El juez Julio César Arbieto Huansi ya enfrentaba una investigación penal por sus vínculos con la red de corrupción “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Pese a ello, continuó ejerciendo y emitiendo fallos con efectos administrativos graves. En esas circunstancias fue suspendido por 36 meses en el cargo y la imposición de comparecencia con restricciones.
En paralelo, la Sala Civil de Lima Sur evaluó la apelación de la sentencia emitida por Arbieto. Los jueces superiores Luis Huamancayo Pierrend y Raúl Falcón García votaron por revocar la resolución original, declarando fundadas las excepciones de incompetencia del juzgado de Lurín y anulando todo lo actuado.
Sin embargo, el juez superior Víctor Enrique Cartolín Pastor votó en contra de los pescadores y a favor de la empresa.
Este magistrado ha sido duramente cuestionado, ya que fue nombrado juez supremo por Duberlí Rodríguez Tineo, quien actualmente ejerce la defensa legal de la empresa Capurro y Gonzales SAC. “Por razones éticas, Cartolín debió inhibirse del caso, pero no lo hizo”, afirmó la defensa legal de los hermanos sechuranos.
“Nos han arrebatado nuestra embarcación, nuestro permiso y nuestra cuota, todo basado en una sentencia ilegal que ahora se revela como parte de una estructura de corrupción más amplia. Exigimos justicia”, manifestó Roberto Eche Panta, vocero de la familia denunciante.
