Fiscalía de la Nación se ampara en su autonomía institucional para desacatar orden de la Junta Nacional de Justicia.
Fiscal Espinoza pretende allanar ilegalmente estudios de abogados de la fiscal Benavides, incumpliendo sentencia del TC. Un abuso total.
La Junta de Fiscales Supremos, plagada de caviares, expresó su rechazo categórico al retorno de Patricia Benavides a la conducción del Ministerio Público y ratificó su respaldo a Delia Espinoza como fiscal de la Nación. La decisión se produce después de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) anulara la destitución de Benavides y pretendiera su reposición en el cargo. Los fiscales
supremos sostienen que esta medida vulnera los marcos constitucionales y defienden la autonomía del Ministerio Público para elegir a su titular. Para especialistas en derecho
constitucional, estos fiscales supremos estarían incurriendo en desacato y deberían ser sancionados por JNJ.
DEFENSA DE LA
AUTONOMÍA
INSTITUCIONAL
La Junta de Fiscales Supremos, conformada por Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Juan Carlos Villena y Delia Espinoza, recordó los motivos que llevaron a la suspensión de Patricia Benavides. El organismo argumenta que la decisión de la JNJ viola los principios constitucionales que rigen
el funcionamiento del Ministerio Público. “El Ministerio Público, organismo constitucionalmente autónomo, reitera su compromiso y fiel cumplimiento de las funciones
que le han sido asignadas, siendo una de ellas la elección del fiscal de la Nación,
a cargo de la Junta de Fiscales Supremos”, establece el comunicado oficial donde los magistrados hacen pública su postura institucional.
LAS CONTRADICCIONES
DE DELIA ESPINOZA
Sin embargo, la posición actual de Delia Espinoza contrasta con sus declaraciones previas sobre el mismo tema. En una entrevista del 25 de diciembre de 2024 con Milagros Leiva, Espinoza
defendió que el Ministerio Público debía respetar las decisiones de la JNJ en los procesos disciplinarios de altos funcionarios como Patricia Benavides.
“No tengo temor a nada. Los procedimientos constitucionales se respetan. Se le llame puerta o lo que fuera, pero es su derecho”, declaró Espinoza sobre una posible revisión de las sanciones impuestas contra Benavides. La fiscal añadió que una eventual evaluación del fondo del
caso no debía generar alarma institucional.
“Me parece correcto si se le está dando, a través de una queja, cabida para que se analice el fondo del asunto. Me parece muy bien que se analice el fondo respecto del procedimiento que se llevó en la Junta Nacional de Justicia”, enfatizó en aquella oportunidad.
CUESTIONAMIENTOS
SOBRE LAS
ACUSACIONES
En la misma entrevista, Espinoza cuestionó la validez de las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides y aspirante a colaborador eficaz. “Hasta la fecha, no se ha corroborado, por lo tanto, solamente queda en el tintero como un hecho”, señaló Espinoza, marcando distancia frente a versiones no confirmadas.
La fiscal rechazó tajantemente que el Ministerio Público hubiera actuado con arbitrariedad contra Benavides. “Ha habido un procedimiento, entiendo regular, salvo que se demuestre lo contrario en la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El Ministerio Público no ha guillotinado a nadie”, sentenció en diciembre pasado.
CONTEXTO POLÍTICO
COMPLEJO
Esta controversia se desarrolla en un momento de alta tensión institucional. El Congreso aprobó recientemente una ley de impunidad para militares y policías, además de la restitución de la inmunidad parlamentaria. Estas medidas profundizan las contradicciones en el sistema de justicia y evidencian las disputas de poder entre los diferentes organismos del Estado.
Las declaraciones contradictorias de Espinoza reflejan las presiones políticas que enfrenta el Ministerio Público. Su cambio de posición sobre las decisiones de la JNJ muestra cómo los
intereses institucionales pueden modificar las posturas de los altos funcionarios según las circunstancias políticas del momento.
La disputa entre el Ministerio Público y la JNJ expone las fracturas del sistema de justicia peruano y plantea interrogantes sobre la real independencia de estos organismos frente a las presiones del poder político.
