La exfiscal Patricia Benavides, destituida previamente, ingresó sin registrarse en seguridad y exige a la actual titular que deje el cargo, mientras autoridades judiciales se dividen sobre la validez de la medida.
Patricia Benavides Vargas volvió este viernes a la sede del Ministerio Público en Lima luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) revocara su destitución y ordenara su restitución como fiscal de la Nación. Sin embargo, su ingreso generó rechazo institucional: no se registró en seguridad, no solicitó audiencia con la actual fiscal, Delia Espinoza, y envió un oficio exigiendo que esta «se abstenga de actuar» bajo amenaza de denunciarla penalmente. Mientras la Junta de Fiscales Supremos no se pronuncia por falta de notificación oficial, juristas y exautoridades debaten si la resolución es válida o nula.
Un regreso sin consenso
Benavides llegó al edificio de la avenida Abancay acompañada de su abogado, Humberto Abanto, pero evitó declarar. Según el Ministerio Público, ingresó sin pasar por el módulo de seguridad y sin coordinar una reunión con Espinoza. Horas antes, había enviado un oficio advirtiendo que cualquier acto de la fiscal en funciones sería «un ilícito penal». El documento, basado en la notificación del 13 de junio, exige que Espinoza deje de ejercer «gestión y administración» del cargo.
Fuentes de RPP revelaron que la Junta de Fiscales Supremos aún no recibe la notificación de la JNJ, lo que retrasa su postura oficial. Mientras, la Fiscalía de Turno y la Unidad de Flagrancia se desplegaron en el piso 9 para prevenir conflictos. El ambiente refleja la fractura interna: Benavides insiste en su legitimidad, pero la institución no reconoce su autoridad de facto.
Juristas en disputa: ¿Acatar o anular?
Juan Peña, otro abogado de Benavides, amenazó con llevar el caso al Tribunal Constitucional si el Ministerio Público no acata la restitución. «La orden se tiene que cumplir, guste o no», afirmó. Para Peña, la JNJ es la máxima autoridad administrativa en la materia.
En contraposición, Aldo Vásquez, expresidente de la JNJ, tachó la resolución de «inejecutable y nula». Recordó que la Constitución establece que la elección de fiscal de la Nación corresponde a los fiscales supremos, no a la JNJ. Además, defendió la legitimidad de Espinoza: «Fue elegida de buena fe, y ninguna nulidad puede afectar derechos adquiridos así».
La pulseada legal sigue abierta. Benavides apuesta a imponer su restitución mediante presión jurídica, pero el Ministerio Público, por ahora, opera bajo el mando de Espinoza. La tensión expone los límites del sistema de justicia peruano: mientras las normas se interpretan a conveniencia, la institucionalidad se resquebraja.
