Fiscalía politiza la justicia y apunta contra Josué Gutiérrez tras perder el control de la Defensoría, arremete contra titular de la Defensoría del Pueblo por nombramiento de María del Carmen Olórtegui Risco.
Psicóloga de profesión, Olórtegui es cercana a César Acuña y postuló al Congreso por Fuerza Popular.
Especialistas y opinión pública señalan movida del MP como persecución política y una venganza contra Gutiérrez por haberle ganado el puesto al candidato de la caviarada.
En una jugada que ha sido interpretada como una revancha política, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, por el presunto delito de “nombramiento ilegal”. El caso gira en torno a la designación de María del Carmen Olórtegui Risco como jefa de la Oficina Defensorial II de La
Libertad, pese a que su perfil profesional —psicóloga y exmilitante de APP— ha sido considerado insuficiente por la cúpula fiscal.
Sin embargo, detrás de los tecnicismos legales se percibe un trasfondo evidente: Gutiérrez fue elegido por el Congreso en una votación que dejó fuera al candidato de los sectores caviares, que por años mantuvieron el control absoluto de la Defensoría del Pueblo. Desde entonces, su gestión ha sido blanco de ataques sistemáticos desde
los mismos espacios que hoy promueven esta acusación.
La Fiscalía, en lugar de concentrarse en los grandes casos de corrupción que afectan al país, ha decidido utilizar sus recursos para perseguir nombramientos administrativos en instituciones autónomas.
En este caso, acusa a Gutiérrez de designar a Olórtegui sin cumplir el Manual del Clasificador de Cargos, ignorando su experiencia previa en trabajo social y defensa de derechos desde la sociedad civil.
No es casualidad que la denuncia se presente justo cuando Gutiérrez ha incomodado a ciertos sectores al cuestionar privilegios heredados dentro del aparato público. La funcionaria señalada, por su parte, ha rechazado cualquier irregularidad y ha señalado que la ofensiva mediática y fiscal “distrae de los problemas reales que enfrentan los ciudadanos de La Libertad”.
La Contraloría, cuyo informe también ha sido citado, ha sido instrumentalizada en este caso para reforzar la narrativa de “designación irregular”, sin tomar en cuenta que otros altos cargos han sido ocupados por abogados sin experiencia en derechos humanos pero con el respaldo del entorno caviar.
La vara, claramente, no es la misma para todos. Ahora el Congreso deberá decidir si da paso al antejuicio político. Pero más allá del trámite parlamentario, lo que está en juego es la autonomía institucional de la Defensoría frente a un Ministerio Público que parece más interesado en vengarse de sus derrotas que en hacer justicia.
Josué Gutiérrez incomoda a los de siempre
Desde su elección como defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez ha sido objeto de una campaña
sistemática de demolición por parte de medios caviares y operadores judiciales. Su principal pecado: no pertenecer a la élite progresista que por años capturó instituciones clave con el aval de ONGs y embajadas extranjeras.
Ahora lo acusan de designar a una psicóloga con trayectoria en trabajo comunitario, pero no dijeron nada cuando otros colocaron a allegados sin el menor perfil técnico. La doble moral de la Fiscalía queda en evidencia una vez más.
