Poder Judicial acepta demanda del IDL contra ley APCI que exige supervisión de fondos a ONG; busca debilitar control estatal.
El Poder Judicial admitió una acción de amparo presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) contra la Ley 32301, norma que fortalece las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para fiscalizar el uso de fondos de cooperación internacional. Esta decisión judicial favorece a las ONG, como el propio IDL, que se resisten al control público de sus actividades financieras y legales. La norma exige transparencia, pero ahora deberá enfrentar una evaluación constitucional que podría debilitar la capacidad del Estado para evitar el mal uso de dinero extranjero.
El IDL contra la fiscalización
La Ley 32301, aprobada por el Congreso, otorga a la APCI nuevas facultades para intervenir en los proyectos de las ONG que reciben fondos del exterior. Entre sus principales exigencias está la obligación de obtener autorización previa para ejecutar proyectos y la posibilidad de sancionar con multas severas a quienes incumplan los requisitos. Frente a esto, el IDL, conocido por su resistencia al escrutinio estatal, presentó una demanda constitucional que ya fue admitida por el Poder Judicial.
Carlos Rivera, director del IDL, calificó la ley como “una amenaza para varios derechos constitucionales” y criticó que “establece la prohibición de litigio contra el Estado a nivel nacional, internacional, judicial y administrativo”. A pesar de que la norma busca ordenar y hacer más transparentes los flujos de cooperación internacional, el IDL sostiene que representa un intento del Ejecutivo de “disolver las organizaciones”.
Rivera también señaló que “la multa sería de 500 UITs”, y que ya presentaron la demanda de amparo y próximamente una medida cautelar. Pero lo que no dice es por qué una organización que se define como defensora de derechos teme tanto a la supervisión del Estado.
El rol del Poder Judicial en la impunidad
La decisión del Poder Judicial de acoger la demanda del IDL expone nuevamente el papel que esta institución juega en la protección de intereses particulares por encima del bien público. Lejos de asegurar que los fondos internacionales se usen de forma correcta, el Poder Judicial se presta a un juego político: frenar una ley que solo exige transparencia.
La audiencia para evaluar la constitucionalidad de la norma será el 29 de septiembre. Mientras tanto, el sistema judicial parece alinearse con aquellas organizaciones que han evitado durante años rendir cuentas sobre sus ingresos, convenios y acciones.
ONG cuestionadas al frente de casos sensibles
Abogadas como Gloria Cano, de Aprodeh, y Rocío Gutiérrez, de Manuela Ramos, han criticado la ley señalando que podría dejar sin representación legal a miles de víctimas de violaciones a derechos humanos. Según Cano, solo Aprodeh representa a 509 víctimas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y teme que la norma impida su continuidad en casos clave.
Gutiérrez incluso afirmó que “la intención detrás de esta ley es acallar a las organizaciones, frenar la protesta, la crítica, el control ciudadano y la exigencia de justicia”. Pero más allá de los discursos, lo que está en juego es si las ONG deben o no someterse al mismo estándar de legalidad que cualquier otra entidad que maneje dinero público o internacional.
¿Quién le teme al control del Estado?
El problema de fondo es simple: la Ley 32301 quiere evitar que fondos extranjeros terminen puestos en entidades de fachada o sean utilizados sin supervisión, como ya ocurrió con el caso de Comisedh, donde el IDL no logró justificar el uso de más de un millón de dólares y terminó multado por la propia APCI. En lugar de transparentar su gestión, el IDL acude al Poder Judicial para blindarse legalmente.
Este conflicto revela una pugna más profunda entre un aparato estatal que intenta ejercer control sobre recursos que impactan en la vida pública y un grupo de ONG que, bajo el discurso de la sociedad civil, operan sin rendir cuentas. La posición del Poder Judicial debilita esa necesaria fiscalización y favorece a quienes se han acostumbrado a actuar sin control ni consecuencias.
