Multa a IDL supera los 34 mil soles por impedir fiscalización de proyecto financiado por Open Society que desvió fondos a ONG sin rastro
La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) impuso una multa de más de 34 mil soles al Instituto de Defensa Legal (IDL) por obstaculizar una fiscalización clave sobre un proyecto de un millón 350 mil dólares financiado por Open Society. Parte de esos fondos terminó en manos de Comisedh, una ONG que no respondió a ninguna verificación ni fue hallada en su sede registrada. La sanción surge tras meses de retrasos y evasivas por parte del IDL, que no justificó el uso del dinero ni permitió que se supervisará el cumplimiento del convenio.
Una sanción sin precedentes
Por primera vez desde su fundación, la APCI abrió un procedimiento administrativo sancionador contra IDL, la organización dirigida por Gustavo Gorriti, tras detectar una infracción grave a las normas de supervisión de cooperación internacional. La entidad estatal concluyó que IDL evitó de manera deliberada el control de un proyecto financiado con dinero extranjero, alargando los plazos y sin facilitar la información exigida.
El proyecto en cuestión lleva por nombre: “Una institucionalidad democrática con derechos ante riesgos y amenazas en contexto de post pandemia de cambio institucional y demandas postergadas”, ejecutado entre 2021 y 2024 con el apoyo de Open Society. A lo largo de ese tiempo, IDL firmó seis convenios con distintas organizaciones. Uno de ellos fue con el Comisedh.
Comisedh: ¿ONG o fachada?
En noviembre de 2024, la APCI solicitó una entrevista con Comisedh, con el fin de conocer cómo se habían ejecutado los fondos. La cita nunca ocurrió. La responsable financiera de IDL, Angie Gutiérrez, informó que Comisedh “no respondía y que debían seguir en espera”. A la fecha, la ONG no ha dado señales de vida.
Una investigación de ContraCorriente acudió a la dirección oficial de Comisedh, pero nadie respondió. El local parecía vacío. Todo indica que la ONG sería una fachada. Sin poder confirmar su existencia ni rastrear el destino del dinero, la APCI determinó que IDL había impedido la verificación de las actividades pactadas en el proyecto.
Sospechas y silencio institucional
La multa a IDL se enmarca en un contexto de creciente tensión política. Desde sectores críticos, se cuestiona que una organización que suele exigir transparencia no haya podido rendir cuentas sobre el manejo de fondos millonarios. “¿Qué esconden? ¿A qué le temen?”, se preguntan en redes sociales tras conocerse la sanción.
A pesar de la gravedad de los hechos, no hay señales claras de que el Ministerio Público vaya a investigar. Las sospechas de encubrimiento son inevitables, dado que varios fiscales y jueces han tenido vínculos cercanos con el IDL. La falta de reacción oficial alimenta la idea de que el caso quedará impune. La opacidad en el uso de fondos internacionales exige respuestas, no excusas.
