Grupo de mineros ilegales atacó a trabajadores y efectivos policiales en la planta de Compañía Minera Caravelí, en un nuevo episodio de violencia contra la minería formal en la región La Libertad.
Un violento ataque perpetrado por mineros ilegales dejó ocho heridos, entre policías y civiles, en la provincia de Pataz, La Libertad. Los hechos ocurrieron cuando los trabajadores de la Compañía Minera Caravelí y efectivos policiales fueron emboscados al ingresar a la planta procesadora en el centro poblado de Jucusbamba.
El enfrentamiento armado obligó a trasladar a los heridos a hospitales locales y al Hospital de Alta Complejidad de Trujillo. Entre las víctimas se encuentran personas con impactos de bala en distintas partes del cuerpo, incluyendo casos críticos.
Detalles del ataque
Según informó la Policía Nacional, los agresores esperaron a que los vehículos ingresaran a la planta para iniciar el ataque. El tiroteo se prolongó por varios minutos, generando caos entre los trabajadores y las fuerzas del orden.
La Gerencia Regional de Salud (Geresa) activó protocolos de emergencia, movilizando ambulancias SAMU y personal médico. Dos de los heridos permanecen en Tayabamba, mientras que los seis casos más graves serán trasladados en helicóptero a Trujillo.
Respuesta de las autoridades
El gerente regional de Salud, Aníbal Morillo, pidió calma a los familiares de las víctimas y aseguró que se brinda atención médica oportuna. Por su parte, la Policía Nacional, bajo el mando del general Carlos Llerena Portal, reforzó las operaciones en la zona.
Las rondas campesinas también se mantienen en alerta, ante el riesgo de nuevos enfrentamientos. Pataz, una provincia declarada en emergencia por inseguridad, sigue siendo escenario de conflictos entre minería formal e ilegal.
Contexto de violencia en la zona
Esta no es la primera vez que mineros ilegales atacan instalaciones formales en Pataz. La lejanía de la zona, ubicada a más de 18 horas de Trujillo, dificulta el control efectivo de las autoridades.
El incidente reaviva el debate sobre la necesidad de mayores medidas de seguridad y fiscalización para proteger a los trabajadores y combatir la minería ilegal, que opera con violencia en varias regiones del país.
