Adrianzén acepta renuncia de jefe del INPE

Gustavo Adrianzén confirmó la salida de Javier Llaque Moya como titular del INPE por «responsabilidad funcional». Tres agentes también fueron detenidos.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció este miércoles la renuncia del jefe del INPE, Javier Llaque Moya. La decisión se dio tras la fuga de un interno del penal de Lurigancho. Adrianzén señaló que se designará pronto a un reemplazante.

Renuncia por «responsabilidad funcional»

Adrianzén explicó que la salida de Moya responde a una falla en sus funciones. «El presidente del INPE presentó su renuncia, y será aceptada», dijo. Agregó que el director de Lurigancho ya fue destituido.

Tres agentes del INPE vinculados al caso fueron detenidos. Las autoridades los investigan por posible negligencia. Ya hay una denuncia presentada ante el Ministerio Público.

Detalles de la fuga

El lunes 21 de abril, un reo escapó del penal de Lurigancho. Según el INPE, burló los controles y escaló la malla perimétrica. Llegó a la «tierra de nadie» y saltó al exterior.

El fugado fue identificado como John Kennedy Javier Sebastián. En 2023, recibió una condena de 10 años por robo en Lince. Las autoridades buscan su captura.

Nuevas medidas

El Gobierno promete reforzar la seguridad en las prisiones. Adrianzén no dio nombres para el nuevo jefe del INPE. Sin embargo, aseguró que la designación será rápida.

Por ahora, el gobierno busca transmitir firmeza ante la opinión pública, demostrando que no habrá impunidad frente a negligencias. Sin embargo, más allá de las renuncias y destituciones, el verdadero desafío será garantizar que hechos como la fuga de Lurigancho no se repitan. La sociedad espera acciones concretas, no solo respuestas reactivas, sino una estrategia integral que fortalezca la seguridad y la rehabilitación en las prisiones del país.

Mientras tanto, la búsqueda de John Kennedy Javier Sebastián continúa, y su captura será la primera prueba para las nuevas autoridades del INPE. El mensaje es claro: el Estado no puede permitir que los penales sigan siendo escenarios de impunidad y descontrol.