Y HAY MÁS de 5 mil funcionarios públicos denunciados por corruptos, en lo que va del año, según Contraloría.
El contralor general, Nelson Shack, presentó los resultados del Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2024, revelando
que la Policía Nacional del Perú (PNP) ocupa el primer lugar entre las entidades del gobierno nacional con más riesgo de corrupción.
Según el informe, la PNP obtuvo un preocupante puntaje de 75.7 en riesgo de corrupción e inconducta funcional, lo que la ubica en la cima del ranking.
Esta situación coloca a la PNP bajo una lupa crítica, considerando la creciente desconfianza pública hacia la institución encargada de la seguridad ciudadana.
El informe también señala que no solo la PNP muestra altos niveles de riesgo. El Ministerio de Salud (Minsa) se encuentra en el quinto puesto del ranking con un puntaje de 72.1, seguido por el Ejército del Perú, del Ministerio de Defensa (Mindef), en el séptimo lugar con 71.6.
Además, otras entidades como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Instituto Nacio- nal Penitenciario y diversas universidades del Ministerio de Educación (Minedu) también figuran con altos índices de riesgo.
SANCIÓN A
FUNCIONARIOS
La Contraloría evaluó variables críticas como sanciones contra funcionarios, contrataciones sin competencia y proyectos abandonados, lo que ex- pone una amplia red de irregularidades que afecta diversas áreas del gobierno.
FUNCIONARIOS
EN LA MIRA
Asimismo, la Contraloría ha imputado responsabilidad administrativa, civil y penal a 5,664 funciona-
rios públicos este año. De estos, 1,700 pertenecen al Gobierno nacional, 1,400 a gobiernos regionales y 2,500 a gobiernos locales. Nelson Shack destacó que, aunque la capacidad de detección de irregularidades ha mejorado significativamente, la impunidad sigue siendo un obstáculo principal debido a la falta de sanciones efectivas.
“La lucha contra la corrupción y la inconduc- ta funcional no será tan efectiva mientras persis- ta la impunidad”, afirmó Shack, subrayando la ne-
cesidad de un sistema de justicia más riguroso para lograr un cambio real en la administración pública.
