El Poder Judicial condenó con penas de 10 hasta 35 años de cárcel, contra siete integrantes de organización criminal «Las Colegialas», que se dedicaban a captar a menores en los colegios de Piura y, aprovechándose de su vulnerabilidad y su carencia de recursos económicos, las instigaban al consumo de drogas para luego ofrecerlas a sus clientes.
La Tercera Sala Penal de Apelaciones, encontró culpables a los imputados Walter Rady Hurtado Castro, Jean Carlos Miranda Crisanto, Briggitte Stepany Tejada García, Dallana Taysa Neyra Salazar, Sofía del Pilar Ramos Huamán, Wilmer Sernaqué Yovera y Jaime Francisco Castañeda Cortez, por delitos de trata de personas agravada, favorecimiento a la prostitución, pornografía infantil.
Los jueces superiores que integran la Tercera Sala Penal de Apelaciones, Andrés Villalta Pulache, Ubaldina Rojas Salazar y Daiana Serván Sócola, emitieron la sentencia de segunda instancia en el proceso que se seguía a la red criminal.
Walter Rady Hurtado Castro, fue condenado a 35 años de pena privativa de la libertad, por delitos de trata de personas agravado, favorecimiento a la prostitución, instigación al consumo de drogas tóxicas y, pornografía infantil, en agravio de 8 menores de edad; además se le condenó por delito de violación sexual en agravio de una menor de edad.
Por su parte, Jean Carlos Miranda Crisanto y Briggitte Stepany Tejada García, fueron condenados por delitos de trata de personas y favorecimiento a la prostitución y recibieron 10 años de pena privativa de la libertad a cada uno de ellos. Mientras que a Neyra Salazar se le impuso 3 años de pena privativa de la libertad por delito de favorecimiento a la prostitución, pena que se tuvo por cumplida.
En primera instancia, también se había condenado a Sofía del Pilar Ramos Huamán, a quien se le impuso cuatro años de pena privativa de la libertad, en su condición de coautora del delito de favorecimiento a la prostitución, pena que se mantuvo en segunda instancia.
Los hechos se judicializaron en el año 2019, tras la existencia de una organización criminal que fue denominada “Las Colegialas”, encargadas de captar a las menores en los colegios de Piura, aprovechándose de su minoría de edad, su carencia de recursos económicos, las instigaban al consumo de drogas, y las ofrecían sexualmente a clientes que tenía la organización o a través de Internet.
En este, caso también fueron condenados Wilmer Sernaqué Yovera, por delito de usuario cliente, a quien se le impuso 8 años de pena privativa de la libertad, ordenándose se mantenga la medida de ubicación y captura. Por igual delito se condenó a Jaime Francisco Castañeda Cortez, imponiéndosele cinco años de pena privativa de la libertad, la cual fue suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de tres años, durante el cual debe cumplir reglas de conducta.
Es necesario resaltar que, actualmente, el Poder Judicial forma parte de la campaña Corazón Azul, cuyo mensaje principal es: «No podemos dejar a ningún niño o niña atrás en la lucha contra la trata de personas».
Bajo ese contexto, la Corte Suprema y las 35 Cortes Superiores a nivel nacional, asumen el compromiso de administrar justicia a fin de prevenir y sancionar a las personas responsables de cometer estos delitos.
