Miinistro Javier González-Olaechea llama “injerencista” al pronunciamiento de embajadas sobre proyecto contra las ONG
Canciller asegura que “algunas ONG” hacen activismo político “desde hace muchos años”
Congreso se enfrenta a la Corte IDH en comunicado:
“rechazamos cualquier forma de intromisión nacional o
extranjera en nuestras decisiones”
El Canciller peruano, Javier González-Olaechea, tildó de “tono injerencista” el pronunciamiento de las embajadas de 16 países en Perú, autodenominados estos como “la comunidad internacional”, respecto al dictamen que modifica las funciones de la Agencia Peruana de Coope- ración Internacional (APCI) para fiscalizar, regular y controlar las organizaciones no gubernamentales (ONG).
“No conociendo yo el anteproyecto, esta opinión que han
adelantado algunas embajadas […] tiene un tono injerencista. Porque, cuando en otro país se produce un cambio legislativo, el Perú no se pronuncia oficial- mente donde está acreditado allí. Nosotros somos muy respe- tuosos”, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores en entrevista con RPP Noticias.
Aunque al comienzo el canciller sorteó responder si con-
sidera que algunas ONG hacen “activismo político” en el Perú, terminó aceptando que ello ocurre: “Desde hace muchos años,
muchas o algunas ONG han realizado y realizan activismo político. Por ejemplo, cuando se ha procurado esta figura cesionista para partir el territorio peruano con Bolivia, ese proyecto que llamaban Runasur. Ahí había dinero extranjero y ha habido acompañamiento de ONG o instituciones locales”, dijo.
“Lo que quiero es invocar a que los representantes extranje- ros en el Perú sean mesurados y que recuerden que el diálogo diplomático siempre está abierto.
Pero tienen que conocer, saber y respetar cuáles son las facultades exclusivas y excluyentes de un país soberano como es el
Perú”, aseveró González Olaechea.
INJERENCIA IMPERIALISTA
En los últimos días, embajadas y delegaciones de 16 países, junto a la Unión Europea, han expresado su preocupación sobre las modificatorias a la Ley 27692, Ley que regula la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Según comunicaron todas las embajadas mediante sus cuentas oficiales de X, consideran que estos cambios podrían afectar el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil en el país.
En el comunicado, las embajadas de Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea dijeron que las modificaciones planteadas pueden impactar negativamente en la inclusión, equidad, estabilidad y prosperidad de las democracias en Perú. Sostienen que “las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger y responder a las necesidades de los ciudadanos”.
Increíblemente Estados Unidos o Alemania tienen mecanismos para fiscalizar y supervisar las acciones y financiamiento de las organizaciones no guber-
namentales (ONG), por lo que su exigencia al Perú resulta por lo menos bien sinvergüenza. Para colmo del injerencionismo al que nos tiene acostumbrado EEUU, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el senador Ben Cardin, se ha pronunciado cuestionando la iniciativa: “Preocupado por los esfuerzos del Congreso de Perú por socavar las instituciones independientes, incluyendo el intento de replicar leyes al estilo ruso y nicaragüense que res- tringen la sociedad civil. Necesitamos asegurar una rendición de cuentas por tales acciones y priorizar los valores democráticos compartidos”, manifestó el senador yanqui creyendo que somos una colonia gringa.
CAVIARES PROYANQUIS
Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, también ha criticado el proyecto en una reciente entrevista desde Cajamarca. Ledesma arguye que las ONGs son esenciales en sectores donde el Estado no tiene presencia y destacó la importancia de
fortalecer estas organizaciones bajo la supervisión de la APCI y otras entidades financiadoras, lo cual justamente propone el proyecto de ley que ella misma crítica. También organizaciones como la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) rechazan las propuestas que implican mantener un registro de organizaciones que realicen “activismo político” con fondos del exterior y las sanciones que incluyen multas y cancelacióndel registro en la APCI. Arguyen que estas medidas atentan con- tra la autonomía organizativa de los pueblos indígenas y la sociedad civil, sin caer en cuenta que el activismo político con dinero extranjero es un peligro latente para la soberanía nacional y los intereses del país.
A estos se suman más aso- ciaciones civiles de la caviarada como Transparencia, quien, fiel a su defensa del status quo yan- qui, comparó la propuesta con
medidas tomadas en Venezuela, Nicaragua y Rusia, y la Coordi- nadora de Derechos Humanos, la cual señaló que se pretende limitar el derecho de asociación
y establecer sanciones desproporcionada, temiendo así perder su maquinita de hacer billetes.
CONGRESO RESPONDE
El jueves 13 la Corte IDH decidió solicitar al Estado peruano suspender el trámite del proyecto de ley que permitiría la prescripción de delitos de lesa
humanidad. La corte había señalado que esta iniciativa no debe aprobarse “hasta que la Corte IDH cuente con todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre la referida solicitud de medidas provisionales y su impacto en los casos Barrios Altos y La Cantuta”.
Aunque la Corte IDH tenga razón en sus argumentos, no puede pretender interferir en asuntos internos y soberanos.
Por ello, mediante un comunicado, el Parlamento respondió a la Corte IDH: “El Congreso, primer poder del Estado peruano, es igualmente independiente en las decisiones que por mandato constitucional y legal le corresponden. Por lo tanto, rechazamos cualquier forma de intromisión nacional o extranjera en nuestras decisiones”, sostuvo.
