Por: Luis Ernesto Flores Reátegui, abogado constitucionalista
En los últimos tiempos, se ha mencionado de manera absurda la invocación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) en Perú. La CDI, adoptada el 11 de septiembre de 2001 por la Organización de los Estados Americanos (OEA), es un instrumento diseñado para proteger y fomentar la democracia en el hemisferio occidental. Este mecanismo se activa ante percepciones de alteración o ruptura democrática en los Estados miembros, permitiendo una respuesta organizada y multilateral ante tales amenazas.
Sin embargo, algunos grupos están proponiendo que las recientes reformas constitucionales y decisiones legislativas en Perú comprometen la separación e independencia de los poderes del Estado, sugiriendo que estas acciones constituyen una crisis democrática que justificaría la intervención de la OEA mediante la CDI. Esta interpretación es no solo alarmista, sino también desproporcionada. La realidad peruana está lejos de configurar un escenario de dictadura o golpe de Estado; se trata, más bien, de una serie de decisiones políticas y legislativas que, aunque discutibles, se encuentran dentro del marco de un sistema democrático funcional.
El gobierno de Dina Boluarte, pese a haber sido democráticamente electo, ha demostrado una notable ineficiencia en su gestión. Las múltiples crisis políticas y sociales que enfrenta el país se deben en gran medida a una falta de liderazgo y capacidad administrativa, no a una ruptura del orden democrático. Aplicar la CDI en este contexto no solo sería inapropiado, sino que también desviaría la atención de los verdaderos problemas internos. La Carta Democrática está diseñada para abordar situaciones graves de alteración democrática, lo cual no se evidencia actualmente en Perú.
Un análisis desapasionado de las recientes acciones del Congreso peruano, incluidas las decisiones contra la Junta Nacional de Justicia y la eliminación de elecciones primarias, revela que estas medidas son constitucionales. Es vital reconocer la diferencia entre una crisis de eficiencia gubernamental y una crisis de democracia. La ineficiencia del actual gobierno en su gestión no se equipará con una violación sistemática de los derechos humanos ni con una ruptura de la democracia.
La invocación de la CDI en la actual coyuntura peruana es, por lo tanto, una exageración. La situación requiere soluciones internas que fortalezcan las instituciones y procesos democráticos del país. En lugar de recurrir a mecanismos internacionales diseñados para crisis profundas, es necesario que los actores políticos y sociales en Perú trabajen en conjunto para mejorar la gestión gubernamental y restablecer la confianza en las instituciones.
Por consecuencia, el llamado a aplicar la Carta Democrática en el Perú es una respuesta desmesurada y mal informada. Es fundamental que todos los peruanos, desde el gobierno hasta la ciudadanía, se enfoquen en resolver las ineficiencias y debilidades internas mediante el fortalecimiento de sus procesos y estructuras democráticas. Solucionar los problemas internos con herramientas y estrategias locales será siempre la mejor forma de asegurar un futuro democrático y próspero para el país.
