EN OTRO LENGUAJE
Consultor de contenidos y analista político – @jaimeasian
JAIME ASIÁN DOMÍNGUEZ
La justicia de nuestro país es de ripley. Los investigados se las pican antes de que les impongan prisión preventiva -muchas veces alertados con sospechosa puntualidad- y reaparecen orondos cuando sus abogados le dan la vuelta a la tortilla y se libran de la cárcel. Ciro Castillo Rojo es hoy un ejemplo perfecto de este vergonzoso ciclo vicioso.
El gobernador regional del Callao fugó entre gallos y medianoche, advertido de que iban por él. Desde la clandestinidad contrató al ‘abogado del diablo’, el zorro viejo de los casos de corrupción Humberto Abanto, y ahora se chinga de risa porque el bendito Poder Judicial le anuló la orden de prisión preventiva. Resultado: comparecencia con restricciones y a pasarla piola. O sea, todo fue pura fufulla.
Y cuidado que al doctorcito se le investiga por presunta organización criminal y colusión agravada en el caso ‘Los socios del Callao’. No hablamos de una falta administrativa ni de un error burocrático. Hablamos de delitos graves, con el añadido de otros escándalos que ya lo rondaban, como la supuesta contratación de su pareja sentimental como asesora y la presunta injerencia de su hijo en la selección de proveedores. El libreto es viejo: familia, poder y dinero mezclados en la coctelera regional.
Lo más irónico es que Castillo se hizo personaje público a partir de una tragedia que conmovió al país. El Perú entero conoció su rostro cuando su hijo desapareció en el Colca y fue hallado muerto tras semanas de angustia
nacional televisada. Aquella desgracia lo envolvió en una narrativa de dolor y búsqueda de justicia que generó empatía colectiva. Muchos vieron en él a un padre golpeado por la vida que exigía verdad. Años después, verlo enredado en presuntas tramas de corrupción produce una náusea moral: la tragedia convertida en trampolín político.
Y ahí está el verdadero drama del Callao. Desde hace años, sus presidentes regionales y gobernadores parecen llegar no para gobernar sino para llenarse los bolsillos. Cambian los nombres, pero no la costumbre. Entran prometiendo orden y renovación; salen perseguidos por denuncias, investigaciones y sospechas de enriquecimiento.
El puerto carga con inseguridad, sangre, abandono y, encima, una clase dirigencial que ha convertido la gestión pública en caja chica. Cuando la justicia permite que este ciclo se repita sin consecuencias ejemplares, el mensaje es devastador: en el Perú el problema no es robar, sino no tener un buen abogado.
“Años después, verlo enredado en presuntas tramas de corrupción produce una náusea moral: la tragedia convertida en trampolín político”.
