Los secretarios generales y el Consejo Ejecutivo Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público del Perú, manifestaron su incomodidad e indignación respecto a la posibilidad del retorno como Fiscal de la Nación de la doctora Liz Patricia Benavides Vargas, fiscal suprema titular, suspendida por la Junta Nacional de Justicia.
En tal sentido, en un pronunciamiento, los trabajadores de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público, exhortaron a las principales autoridades políticas y representantes de los organismos constitucionales, a no ceder al auto proclamado retorno “forzado” y “toma” de la figura de la Fiscalía de la Nación, que “nos pondría en una condición crítica con respecto a la imagen como institución seria y responsable de defender los intereses ciudadanos”.
“Es por esa razón que los trabajadores manifestamos no solo nuestra incomodidad e indignación respecto a tal posibilidad, expresada sólo en el interés político de injerir en la institucionalidad del Ministerio Público (…), y los esfuerzos realizados por contar con una institución que se esmera por cumplir de la mejor manera el encargo de la sociedad peruana de perseguir el delito amparada por nuestra constitución y desenmascarar y reprimir con todo el peso de la ley los actos de corrupción”, señala el documento.
Es por ello que exhortaron a las instancias, organismos y Poderes del Estado involucrados, a actuar en defensa de la institucionalidad, los valores democráticos, teniendo como fin los intereses de la Nación y de la sociedad, dejando de lado sesgos políticos e intereses personales, que, desde hace varios años ya, vienen menoscabando la figura del Ministerio público, su independencia, autonomía y defensa de la legalidad.
Hacen hincapié también en los presuntos hechos que involucrarían a Benavides Vargas, Fiscal Suprema Titular, que han involucrado también a funcionarios del entorno de la suspendida magistrada, los mismos que afectaron terriblemente no solo la función fiscal, su independencia, transparencia y defensa de la legalidad, sino también la gestión administrativa institucional del Ministerio Público.
Precisan que en el ejercicio presupuestal del año 2023, durante la gestión Benavides, la entidad alcanzó solo el 88% de ejecución del gasto público, resultando un saldo ascendente a S/ 333,278,676.00 sin ejecutar y devuelto al MEF, montos que hubieran hecho posible el mejoramiento de las condiciones de trabajo y remunerativa de los trabajadores del Ministerio Público, la adquisición de insumos para el procesamiento de pericias médicos legales, la contratación de personal para contribuir a la reducción de la carga laboral acortando plazos de investigación, entre otros.
