En la resolución se prohíbe que se extraigan comunicaciones que no estén relacionadas con la investigación por lavado de activos a cargo del equipo especial Lava Jato.
El Poder Judicial autorizó que el Ministerio Público tenga acceso a la información contenida en los dos celulares que fueron incautados el día en que el expresidente Alan García se suicidó durante la operación de allanamiento a su casa en Miraflores en la que se iba a proceder con su detención.
El juez Leodan Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, emitió su decisión a la cual tuvo acceso El Comercio este sábado 16 de marzo, donde específicamente precisa que el primer despacho del equipo especial Lava Jato, a cargo de José Domingo Pérez, podrá acceder a los dos equipos celulares.
Esto implica la apertura, extracción, recuperación, lectura, examen, análisis, acceso, visualización, registro y almacenamiento de correos electrónicos, comunicaciones y demás correspondencias informáticas almacenadas tanto en las memorias de los celulares y las tarjetas SD.
El fallo determina que esta información debe estar “únicamente vinculada a la investigación formalizada” por el caso Lava Jato por presunto lavado de activos y otros delitos.
Adicionalmente se precisa que se establece como prohibición explícita que el Ministerio Público pueda extraer o recuperar información ajena al proceso, además de levantar el secreto de las comunicaciones de Luis Nava.
El 17 de abril de 2019, cuando el expresidente Alan García (1949-2019) se suicidó en su residencia mientras iba a ser detenido de manera preliminar por su presunta vinculación con el caso Odebrecht, dos celulares Samsung fueron incautados por el Equipo Especial Lava Jato y, desde entonces, permanecen lacrados.
La acusación por corrupción provenía de su segundo mandato, en el cual la constructora brasileña, según la tesis fiscal, le pagó unos 6,2 millones de euros por adjudicarse la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.
García ya no está incurso en el proceso, pues con su muerte se extinguió toda acción penal en su contra, pero el equipo de fiscales considera que en los teléfonos confiscados podría hallar información relevante sobre otros investigados. Ministros y colaboradores cercanos del exgobernante están bajo sospecha.
Para la el Ministerio Público, los integrantes de la presunta red criminal, que habría estado liderada por García, tuvieron comunicación entre sí “con correos electrónicos, aplicación de chats y llamadas por WhatsApp, llamadas telefónicas”, de modo que requirió al Poder Judicial intervenir estos equipos.
Aunque el petitorio fue desestimado en 2021, este sábado el juez Leodán Cristóbal, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, autorizó que el primer despacho del equipo Lava Jato, a cargo de José Domingo Pérez, tenga acceso a esos móviles.
En rigor, el magistrado ha dispuesto la apertura, extracción, recuperación, lectura, examen, análisis, acceso, visualización, registro y almacenamiento de correos electrónicos, comunicaciones y demás correspondencias informáticas almacenadas tanto en las memorias de los celulares y las tarjetas SD.
De acuerdo con la resolución, la data que sea extraída deberá estar “únicamente vinculada a la investigación formalizada” por presunto lavado de activos y otros delitos, una medida que el juez consideró idónea, necesaria y proporcional.
El fallo prohíbe que se recupere información ajena al proceso, y que se levante el secreto de las comunicaciones de Luis Nava, el exsecretario presidencial que señaló al exdirectivo de Odebretch, Jorge Barata, de entregar las coimas en maletines y loncheras al expresidente. Con ese dinero, según la declaración, García compró bienes y propiedades.
