Por:
Luis Ernesto Flores Reátegui
Abogado constitucionalista
La reciente prohibición de la educación a distancia en el Perú por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – Sunedu ha generado preocupación, ya que se considera un error que podría excluir a millones de peruanos del acceso a la educación superior. En un país como el Perú, caracterizado por una infraestructura educativa desigual que varía significativamente según la región, la educación a distancia ha desempeñado un papel fundamental en la democratización del acceso a la educación. Esta modalidad ha sido una herramienta clave para brindar oportunidades de aprendizaje en todos los rincones del país, especialmente en áreas remotas o con limitaciones de acceso a instituciones educativas tradicionales.
De acuerdo con los datos del último Censo Nacional, más de ocho millones de personas han interrumpido su educación y más de 18 millones carecen de la posibilidad de continuar sus estudios en sus respectivas localidades. Esto resalta la importancia de la educación a distancia como una herramienta inclusiva que permite a aquellos en zonas remotas o con limitaciones de acceso a instituciones educativas tradicionales seguir formándose y avanzar en sus carreras académicas.
La decisión de prohibir esta oferta formativa podría agravar la brecha educativa y social en el país, limitando el acceso a la educación superior para aquellos que no pueden trasladarse a centros de estudio convencionales. En un contexto donde la tecnología ha sido un aliado poderoso para la democratización del conocimiento, es fundamental reconsiderar esta medida y buscar alternativas que garanticen el acceso equitativo a la educación para todos los peruanos, independientemente de su ubicación geográfica o circunstancias personales.
La educación a distancia ha sido un pilar fundamental para garantizar la equidad en el acceso a la educación en un país con marcadas disparidades regionales en su infraestructura educativa. Su papel en la ampliación de oportunidades formativas y en la reducción de las brechas educativas y sociales es innegable, por lo que su prohibición podría representar un retroceso en los esfuerzos por promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo educativo en Perú. Es imperativo que las autoridades educativas revisen esta prohibición y trabajen en conjunto con las instituciones para fortalecer y mejorar la educación a distancia en beneficio de la sociedad peruana en su conjunto.
Es importante destacar que los títulos obtenidos mediante educación a distancia no son inferiores a los emitidos por la educación presencial. De hecho, en la actualidad, muchas instituciones reconocidas a nivel mundial ofrecen programas de educación a distancia de alta calidad que son altamente valorados en el mercado laboral. Por lo tanto, es fundamental fomentar una cultura de valoración al respecto, reconociendo que esta modalidad representa una oportunidad para descentralizar el conocimiento y hacerlo accesible para todos.
En ese sentido, es fundamental avanzar hacia un sistema educativo que fomente la igualdad de oportunidades, sea flexible y se ajuste a las demandas de una sociedad en evolución constante. La equidad en el acceso a la educación debe ser un principio fundamental en todos los niveles del Estado para garantizar un progreso sostenible y justo para todos los ciudadanos.
