Congresista propone cambios legales para proteger la identidad
de magistrados y fiscales
El congresista Juan Burgos Oliveros, de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario, ha presentado una propuesta legislativa que permitiría al Poder Judicial la creación de tribunales sin rostro para casos de crimen organizado.
La iniciativa N.° 6920/2023-CR se enfoca en proteger la identidad de los magistrados involucrados en la investigación, juzgamiento y sanción de estos delitos, en un esfuerzo por reforzar la lucha contra la criminalidad.
La propuesta busca modificar la Ley 30077, que establece las normas y procedimientos para
delitos cometidos por organizaciones criminales. La modificación propuesta garantizaría el anonimato de los magistrados y fiscales involucrados, manteniendo sus identidades en secreto según los procedimientos que establezca el Poder Judicial. Esta medida busca aumentar la seguridad de los funcionarios judiciales en su labor contra las bandas de alta peligrosidad.
Adicionalmente, la iniciativa legislativa plantea que los fiscales y jueces no necesiten firmar ni rubricar las resoluciones judiciales, utilizando en su lugar códigos asignados por el Poder Judicial para su identificación. Esta medida forma parte de un conjunto de disposiciones complementarias que también incluyen el establecimiento de procedimientos para la creación de estos tribunales anónimos.
Según el congresista Burgos Oliveros, la inseguridad ciudadana y la violencia generadas por el crimen organizado son problemas recurrentes y preocupantes en el país. La creación de tribunales sin rostro se presenta como una alternativa para combatir efectivamente la criminalidad, mientras se protege la identidad y seguridad de los magistrados y fiscales.
Esta propuesta busca ofrecer una solución innovadora frente a las amenazas y riesgos que enfrentan los funcionarios judiciales en el ejercicio de sus funciones.
La iniciativa está ahora en proceso de debate y análisis, buscando el apoyo necesario para su implementación. Este planteamiento marca un paso significativo en la búsqueda de medidas efectivas para combatir el crimen organizado en el país, reconociendo los riesgos y desafíos que enfrentan las autoridades judiciales en su esfuerzo por mantener la ley y el orden.
