El Poder Judicial impuso una pena de 19 años y 8 meses de prisión a Vladimiro Montesinos, exasesor del gobierno de Alberto Fujimori, por las muertes derivadas de los casos La Cantuta y Pativilca.
La Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria dispuso también que Montesinos reciba una pena de 5 años de inhabilitación y que abone una reparación de 500 mil soles a los familiares de cada una de las seis víctimas del Caso Pativilca.
De igual forma, se dispone que haga efectivo un desembolso de 50 mil soles para los deudos de las 10 víctimas del crimen de la Universidad La Cantuta.
El exasesor presidencial es considerado por el Poder Judicial como autor mediato en la organización del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en las modalidades de homicidio calificado y de desaparición forzada.
La sentencia leída hoy forma parte de la conclusión anticipada solicitada por Montesinos en este proceso, luego de haber expresado a través de su abogado Arturo Vizurraga su conformidad con los cargos imputados, así como con la pena y la preparación civil planteada por la fiscalía en su contra.
En ese sentido, al término de la lectura del fallo, tras consultársele si estaba de acuerdo con él, el exasesor presidencial dijo que sí.
Detalles de lo casos
El caso Pativilca (denominado también caso Caraqueño) deriva de lo ocurrido el 29 de enero de 1992, cuando en la localidad del mismo nombre, en la provincia limeña de Barranca, se produjo el asesinato de Jhon Calderón, Toribio Ortiz, Felando Castillo, Pedro Agüero, Ernesto Arias y César Rodriguez por parte de elementos paramilitares.
En cuanto al caso La Cantuta, este tiene que ver con el asesinato y desaparición de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes el 18 de julio de 1992 fueron secuestrados, asesinados y luego incinerados por miembros del grupo paramilitar ‘Colina’.
Durante la audiencia, Elio Riera, abogado del expresidente Alberto Fujimori, presentó un escrito a fin de que se precisen los alcances del término ‘lesa humanidad’ consignado por el Ministerio Público en la acusación que ha planteado, y si este puede ser contextualizado «con retroactividad», puesto que la denuncia fue interpuesta en el año 2002 y los hechos materia del caso ocurrieron en 1992.
El exmandatario también afronta cargos en lo que respecta al caso Pativilca.
