Abrumador 85% la desaprueba en su primer año de Gobierno.
La presidenta Dina Boluarte, cerró el año 2023 con una aprobación récord de apenas un dígito: 9 por ciento de aprobación a nivel nacional, según una reciente encuesta, publicada por la compañía Datum Internacional.
En efecto, el sondeo realizado en todo el territorio nacional, entre el 1 y el 6 de diciembre, señala igualmente que la desaprobación ciudadana de la jefa de Estado alcanza el 85 %, manteniendo un promedio estándar de los últimos meses.
El rechazo a Boluarte, y a su administración gubernamental, es uniforme en todas las regiones del país, sobrepasando siempre el 80 por ciento, aunque en las regiones del Sur alcanza picos máximos por encima del 90 por ciento, inclusive.
El estudio de Datum confirma una vez más que la aceptación de Boluarte es mayor entre los niveles socioeconómicos más altos, como el A/B, con un 15 % (donde la desaprobación se ubica en 79 %); mientras que en el resto de sectores, como los C, D y E, su aprobación no supera el 9 %.
Dicho sondeo arrojó la desaprobación de la labor que desarrolla el gobierno registrando un 88 %, frente a un escaso 9 % que lo aprueba. Dichos indicadores evidencian una vez más la precaria aceptación que tiene Dina Boluarte ante la opinión pública. Lo mismo sucede con el primer ministro, Luis Alberto Otárola, quien mantiene también un fuerte rechazo ciudadano, con un 74 %, ante otro 9 % que lo respalda
Respecto a la popularidad de la mandataria por sexos, las cifras son muy parejas, con un 85 % de desaprobación y un 10 % de aprobación, entre el ámbito femenino; mientras que en el masculino el porcentaje es similar: a saber, 85 % de rechazo, versus un 9 % de varones que la apoyan.
Cabe señalar que la presidenta Boluarte ha preferido permanecer callada en el primer año de Gobierno. No ha realizado un balance de gestión ni ha ofrecido alguna entrevista a medios de comunicación.
Ha preferido, en cambio, criticar a su antecesor Pedro Castillo, enfatizando que la ´impronta golpista´ estaba condenada al fracaso y declarando el 7 de diciembre como el «Día de la Institucionalidad, del Estado de Derecho y de la Defensa de la Democracia».
En ese contexto, señaló que el expresidente Castillo ordenó la intervención del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, Poder Judicial y el Ministerio Público, debido a que lo estaban investigando por serias imputaciones de corrupción y crimen organizado.
