Zoraida Ávalos dijo que tenía conocimiento de que dos asesores y un coordinador parlamentario de Patricia Benavides coordinaron su inhabilitación con congresistas. Además, dijo que la Junta de Fiscales Supremos le ha negado hasta el momento el audio de la sesión donde dio a conocer esa situación.
El 21 de junio, el Congreso inhabilitó a Ávalos por cinco años por presunta infracción a la Constitución, acusándola de no haber cumplido, durante su mandato como fiscal general, con la investigación de presuntos delitos de altos funcionarios como el expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
Ávalos alegó que Benavides buscaba vengarse de ella por ser “incómoda” como miembro de la Junta de Fiscales Supremos. Destacó una investigación relevante sobre la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla, quien tenía a su cargo el caso de la hermana de Benavides y fue investigada por supuestamente recibir sobornos de narcotraficantes.
La ex fiscal insistió en que la investigación contra el entorno de Benavides, iniciada este lunes, es sumamente grave y pidió a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tomar medidas, ya que se evidenció que la fiscal de la Nación lideraba este equipo. Ávalos afirmó que la institución fue copada y que se ha desmantelado el manejo de casos, afectando gravemente su integridad.
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional llevó a cabo un operativo con allanamientos a viviendas y oficinas de asesores y exasesores de la fiscal Benavides. Se acusa a estos colaboradores de integrar una presunta organización criminal en la cúpula del Ministerio Público, que buscaba influir de manera ilícita en decisiones congresistas para destituir a los titulares de la JNJ, designar al actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez, y inhabilitar a Zoraida Ávalos con fines ilícitos.
En respuesta a la investigación de sus asesores, la fiscal Benavides destituyó a Marita Barreto, jefa del equipo fiscal anticorrupción, una figura destacada en el Ministerio Público peruano.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, manifestó su sorpresa y preocupación por la situación en el Ministerio Público, instando a que la fiscal Barreto continúe liderando la investigación en curso.
