Logran buena pro de obra y supervisión para aprobarse ampliaciones de plazo, costos adicionales, con grandes pérdidas al Estado
Un conjunto de empresas peruanas y extranjeras viene consorciándose para lograr millonarios contratos en obras públicas financiadas por Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Eso no tendría nada de irregular, si no fuera porque se ponen de acuerdo para postular a un mismo proceso de licitación como ejecutores y supervisores para tener el control total del desarrollo de la obra.
Es decir, quien ejecuta la obra se supervisa así mismo, lo que constituye una práctica desleal y punible por la legislación en materia de contratación pública vigente. Con ello logran la aprobación de ampliaciones de plazo y de adendas que llegan a costarle millones de soles en pérdidas al Estado.
Este es el caso de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Sullana, obra financiada por el MVCS. Según documentos de CONOSCE, buscador de proveedores adjudicados, y del SEACE, el consorcio que construye los trabajos (SULLABELLA) tiene vínculo directo con la empresa del consorcio supervisor Grau, conformado por las empresas Gexa Ingenieros y Dohwa Engineering Co Ltd Sucursal de Perú.
Se trata Washington Ruiz Pinchi, representante legal de la empresa JAGUI SAC, una de las empresas del CONSORCIO SULLABELLA, desde el 15 de noviembre del 2019 a la fecha, según información del portal https://portal.osce.gob.pe/osce/conoce/
Ruiz es también accionista de Gexa Ingenieros SA. con el 99% de acciones desde el 02/09/2019.
Al puro estilo de Odebrecht, el Consorcio Sullabella logró obtener 22 adendas por el valor de S/ 43 667 368,57. Según un informe de control concurrente realizado por la Contraloría General de la República, el MVCS aprobó los costos adicionales en perjuicio de los recursos públicos entre julio del 2020 a setiembre de 2022, a solicitud del consorcio ejecutor y con la venia del consorcio supervisor, incrementando el monto contractual del proyecto.
En enero del presente año, la Contraloría detectó dichas irregularidades. A través de un oficio (27 de enero de 2023) puso en conocimiento de la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar Lubienska, las irregularidades y deficiencias encontradas para que tome las medidas del caso, y que van desde infraestructura, retrasos en ejecución, costos adicionales de obra, ampliaciones de plazo, entre otras. Sin embargo, hasta el momento no se ha solucionado nada.
La misma modalidad se utilizó con la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de bastecimiento de agua potable y alcantarillado de los distritos de Sachaca, Tiabaya y la localidad de Congata, distrito de Uchumayo, Arequipa”.
OBRAS EN PUENTE PIEDRA
El mismo modus operandi estaría a punto de ocurrir con la obra en proceso de licitación “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 361, 362, 363, 364, 365, 384, 385, 387 y 388, Puente Piedra”.
Se trata del consorcio supervisor conformado por la empresa Xena EIRL y Dohwa Engineering Sucursal CD LTD en Perú. La representante legal y accionista de Xena, Giannina Ruiz Paredes -según registra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce)-, está vinculada a la empresa Jagui SAC, que estaría postulando en ese mismo proceso para la ejecutar la obra.
