- Empresarios y prensa de derecha quieren que las concesiones a los privados sigan indefinidamente y que el precio de la gasolina y el gas siga por las nubes
– - Buscan intimidar al gobierno para que gire a una política de inseguridad energética y dependencia de las importaciones
En la década de 1950, la política tradicional de componendas y cuchipandas cambió cuando los jovenes sectores progresistas de clase media enarbolaron la consigna de la nacionalización del petróleo, entonces mayoritariamente en manos de
la International Petroleum Co. Esta lucha sensibilizó a los militares y el 8 de octubre de 1969, la ronca voz del general Juan Velasco Alvarado anunció al país que el jefe de la I Región Militar acababa de intervenir los campos
de Talara y estaba izando el pabellón nacional.
La razón era simple, todos los países practican la seguridad energética y eso pasa por la participación, de una u otra forma del Estado. Por eso, cuando vino la ola liberal de fines de la década 1990 e inicios de la del 2000 los privatistas no
pudieron acabar con Petroperú. Claro, la despedazaron, la restringieron y le negaron finanbciamiento, pero tercamente sus funcionarios la mantuvieron a flote. Baste recordar que bajo el gobierno militar, la empresa petrolera estatal producía 200,000 barriles por día mientras que en la actualidad solo llega a 40,000 barriles.
La tirria se agudizó cuando Ollanta Humala tomó la decisión de construir la nueva Refinería de Talara, a la cual “liberales” y derechosos empezaron a llamar en público “elefante blanco”, mientras que en privado la hacían objeto de su deseo. Hoy la nueva refinería ya empezó a operar y, lógicamente, necesita crudo.
DUEÑOS DEL PERÚ
En este contexto, cuando concluyeron los contratos de concesión de los lotes I, VI y Z- 69, ubicados en Talara, en perfecta aplicación de la ley, el ministerio de Energía conducido entonces por Oscar Vera, como ministro y Enrique Bisetti, como viceministro, decidió que los operara la empresa estatal. Inmediatamente, el programa Panorama de Panamericana TV emitió informes en contra de los dos y se inició una campaña de demolición contra la empresa. Todos los opinógos de derecha criticaron al gobierno y encontraron debilidades económicas, financieras, administrativas, organizativas en la empresa estatal. Pero no lograron que la decisión se revirtiera. Por ello, ayer, los presidentes de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, (ComexPerú) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) tuvieron que dar la cara ellos mismos para oponerse a que el Gobierno “adjudique, sin un concurso previo, la explotación de los tres lotes petroleros. “La adjudicación directa de los lotes petroleros, sin licitación alguna, violaría la libre competencia, los tratados de libre comercio y la igualdad de condiciones que debe primar en una economía de libre mercado. Estas prácticas ahuyentan la inversión privada que tanto necesitamos hoy en día para lograr la reactivación económica y generación de empleo”, afirmaron. En otras palabras, que querían seguir siendo los dueños del Perú
TEMA MOVILIZA
Pero las opiniones de los señorones no son las únicas. Ante el show mediático de las entidades empresariales, los profesionales petroleros discrepan. Uno de ellos sostiene se pregunta “Si los privados quieren invertir en operación de riesgo como dicen, que les den lotes en costa afuera y en selva, y no la operación del crudo que fácilmente fluye a superficie todos los días en los pozos de Talara. ¿De qué exploración hablan cuando en el lote X, el más importante en Talara sólo se perforó un pozo exploratorio sin resultados entre el 2000 y 2022; y en ese mismo período y en el mismo lote se produjo
aproximadamente 103 millones de barriles? ¿Por qué no reclamaron cuando se determinó que el lote 192 pasaría a Petroperu?, porque sabían que ese es un lote complicado técnica, ambiental y socialmente, y por supuesto eso no quieren, quieren lo fácil”.
El especialista Róger Nájar redondea la idea, advirtiendo que, en realidad, de lo que se trata es de una campaña para “privatizar Petroperú, el oleoducto NorPeruano, todos los yacimientos petroleros y la nueva Refinería de Talara”. Una aspiración que, sin duda va a volver a generar la movilización popular en el país
DATO: PROXIMA VÍCTIMA.
El Congreso ha citado a la presidenta y a los directores de PerúPetro para intimidarlos. Sin escuchar sus argumentos, el congresista Jorge Morante presentará denuncia contra todos ellos ante la Contraloría.
