Una insólita confesión. El congresista Paul Gutiérrez (Perú Libre) reveló que no quiso cumplir con el pago de pensión de su hija, cuando ella tenía 11 años, debido a que no estaba de acuerdo con el nombre de su primogénita.
Una revelación que justificaría por qué este parlamentario está impulsando el proyecto de ley que busca la exoneración automática de alimentos —con lo cual eventualmente quedaría sin efecto la aportación económica a su hija.
La iniciativa, conocida como ‘ley Gutiérrez’, plantea que el alimentista —como se llama a la persona beneficiaria de la asignación— no sea mayor de 25 años o no evidencie un promedio ponderado no menor a 13 en sus estudios superiores, los mismos argumentos que empleó en instancias judiciales para desfavorecer a su hija, que en la actualidad tiene 24 años.
“No es que no haya querido pagar la manutención. Es que con su mamá le pusimos un nombre. Yo le puse Ruth y su mamá, Linethe. Ella se llamaba Ruth Linethe [no Linethe Ángela]. A mí me sorprendió el cambio de nombre que le hicieron cuando fui a cumplir con mis obligaciones. Lamentablemente, eso fue una motivación que me hizo proceder de esa manera, lo cual fue un error”, reconoció en una entrevista con Al estilo Juliana.
Buscó por todos medios anular pensión
El primer intento del legislador para suspender y exonerar la pensión de alimentos para su hija ocurrió en 2009, cuando interpuso, sin éxito, una demanda ante el Poder Judicial, según documentos difundidos esta semana por el Centro Liber.
La segunda, en agosto del 2021, cuando ya era parlamentario, fue declarada inadmisible por el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Tamburco (en Apurímac, su región natal) por contener diferentes observaciones. Aunque el juzgado le otorgó tres días para subsanar las contemplaciones, el parlamentario no cumplió, de modo que su solicitud fue rechazada y archivada.
Gutiérrez volvió a presentar una tercera demanda en enero de 2022, que sí fue admitida preliminarmente. En mayo de ese año se realizó la audiencia única del caso, donde Gutiérrez argumentó que su hija cumplió la mayoría de edad y sigue estudios superiores con notas desaprobatorias.
La alimentista, por su parte, sostuvo que sus calificaciones se deben a altibajos causados, entre otros motivos, por la carencia de una figura paterna, problemas neurológicos y psicológicos, frustración personal por no estudiar la carrera deseada por falta de apoyo de su padre. Además, mencionó que en ese momento mantenía un promedio ponderado de 11,06.
Tras evaluar las pruebas de ambas partes, el Juzgado de Paz Letrado del Pueblo Joven de Centenario declaró infundada la demanda. “Siempre he cumplido mis obligaciones con mi hija, desde que ha nacido, a pesar de que no tenía un trabajo estable. Desde el año 99, en que me nombré, vengo cumpliendo. [La negativa] fue por la actitud de la mamá. No era justo que le cambiara el nombre si comunicarme. Pero, como digo, fue un error”, continuó.
