En el caso de las investigaciones preliminares hacia la fiscal de la nación, Patricia Benavides, la jueza Jacqueline Tarrillo Meneses decidió suspender dichas investigaciones basándose en normas que, según expertos, ya han sido derogadas en 2021. Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), catalogó esta situación como grave y preocupante. “Noes cualquier cosa para un juez resolver una causa con normas derogadas”, puntualizó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio. Ledesma Narváez también invitó al público a revisar la resolución. Según su análisis, la jueza Tarrillo Meneses fundamenta sus decisiones en el antiguo Código Procesal Constitucional, que ha sufrido modificaciones significativas. “El nuevo código ya no considera el peligro de la demora como causal para una medida cautelar, sino la certeza del perjuicio irreparable”, explicó la exfuncionaria del TC, haciendo hincapié en que las bases para tomar decisiones en estos procesos han cambiado.
Otro cambio significativo con el nuevo código es la manera en cómo se tramitan las demandas de amparo. Anteriormente, un juez podía rechazar de plano una demanda; sin embargo, con la actual normativa, está obligado a admitirla debido a un proceso de tutela urgente. Adicionalmente, la expresidenta del TC criticó que el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima haya utilizado “parámetros que ya no existen” en su resolución. Según Ledesma, la lógica actual para analizar casos se basa en la irreparabilidad, no en el simple peligro de demora de un proceso. Este cambio, aunque pueda parecer sutil, tiene implicaciones profundas en cómo se evalúa un caso. “No es lo mismo analizar un caso pensando en la demora que en su carácter irreparable”, insistió Ledesma. Además, mostró su preocupación por la omisión del nuevo Código Procesal Constitucional en la resolución. “¿Cómo es posible que uno aplique una norma que ya no existe?”, cuestionó.
Finalmente, Ledesma puso el foco en el “grado de razonabilidad” de la resolución. Criticó que la decisión de suspender las investigaciones no establece un límite temporal, lo que puede interpretarse como una falta de lógica y razonabilidad en el proceso. La situación plantea dudas y preocupaciones en el sistema judicial, donde la precisión y la aplicación correcta de las normativas son esenciales para garantizar justicia y transparencia en cada caso.
