El presidente del Consejos de Ministros, Alberto Otárola, declaró que sí se podrían aplicar en Perú los métodos que impuso el presidente Nayib Bukele en El Salvador contra la inseguridad ciudadana.En esa línea, consideró que la lucha contra las pandillas en El Salvador ha sido eficiente y le bajó el tono a las denuncias de violación de derechos humanos que han recibido dichos métodos.
“El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad. El Perú tiene su propia política de seguridad pública. Hemos pedido facultades legislativas al Congreso para enfrentar (la delincuencia)”, refirió Otárola al ser abordado por la prensa tras una presentación sobre la Semana Climática 2023.
Además, indicó que el gobierno de Dina Boluarte ha gestionado eficientemente la lucha contra las pandillas organizadas. “Hemos decidido enfrentar la migración ilegal internacional. Con esto no queremos decir que todos los extranjeros cometan delitos (…) y es por eso que el plazo para registrarse no se va a renovar”, precisó Otárola.
Estas declaraciones van acorde a lo dicho por el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien también destacó las reformas de Bukele con respecto a la seguridad.“Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. ¿Por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?”, expresó Arévalo.
La declaración del presidente del Consejo de Ministros sobre la posibilidad de adoptar medidas similares al plan de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador genera un debate sobre la efectividad en la realidad peruana. En este contexto, el Gobierno enfrenta decisiones cruciales para abordar la creciente preocupación por la delincuencia en el país.
Como se recuerda, desde marzo de 2022, en respuesta a una escalada de 87 asesinatos en un fin de semana atribuido a las pandillas, el gobierno salvadoreño mantiene una “guerra” contra esas bandas al amparo del régimen de excepción, que es cuestionado por diferentes organizaciones de derechos humanos, según informa AFP.
