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Sunedu: TC ratificó validez de ley que restituye la autonomía de las universidades peruana

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Decisión del Tribunal Constitucional pone punto final a pretensiones de quienes quieren evitar fiscalización a anteriores gestiones en la SUNEDU

Al ser “cosa juzgada” no proceden nuevos intentos para desconocer la ley

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ratificó la constitucionalidad y plena vigencia de la norma que restituye la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas y sustenta la nueva forma de gobierno en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

El pasado 15 de agosto, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) puso punto final a las pretensiones de desconocer los efectos de la Ley N° 31520 que restituye la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas y sustenta la nueva forma de gobierno en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), al ratificar la constitucionalidad y plena vigencia de dicha norma y desestimar todo reclamo en su contra.
En su sesión del 24 de julio pasado, el TC señala que la decisión sobre la constitucionalidad de la Ley N° 31520 es cosa juzgada y hace referencia a la sentencia recaída en el Expediente 00008-2022-PI/TC publicada el 02 de enero de 2023; de tal manera que en el futuro se impide la admisión de alguna nueva demanda contra las disposiciones que ya hayan sido analizadas, debatidas y votadas por el pleno del tribunal.
Esta decisión del TC acaba con la pretensión de algunas personas y ONGs que buscaban frenar la real autonomía de la Sunedu y de las universidades.
De esta manera la nueva gestión de la Sunedu, con autonomía y transparencia, podrá seguir desarrollando sus actividades para asegurar la prestación de un servicio educativo de calidad y continuar con la fiscalización al mal uso que se dio a los recursos de la institución en los últimos años, como el pago de consultorías que generaron un gasto de casi 10 millones de soles, con servicios de dudosa calidad y que actualmente son investigados por la Contraloría General de la República.

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