Estamos frente a un serio ataque al Estado de derecho que comprende varios ámbitos, el legislativo, judicial, político, e incluso el diplomático, advirtió el exprocurador Antonio Maldonado, tras cuestionar que se estén tomando medidas, desde ciertas instituciones, para garantizar escenarios de impunidad.
“Estamos frente a un escenario en el cual hay un serio ataque al Estado de derecho, y ese es un ataque […] que comprende varios ámbitos, el ámbito legislativo, el ámbito judicial, los ámbitos políticos, incluso el frente diplomático. Me parece que también hay que considerarlo [a este último punto]”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideele radio.
“Las medidas para controlar escenarios y garan-tizar más bien escenarios de impunidad yo eso creo que son amplias, no solo son estrictamente judiciales”, puntualizó.
JUDICIAL Y DIPLOMÁTICA
Estamos ante un ataque al Estado de derecho advirtió, del mismo modo, que lo aprobado por el Congreso sí tendría efectos retroactivos e incluso podría beneficiar al expresidente Alejandro Toledo, detenido en el penal de Barbadillo (Diroes).
“En este caso, la ley de colaboración y eficaz que puede beneficiar incluso al expresidente Casti- llo también beneficiará al expresidente Toledo, contrariamente a lo que sostienen algunos colegas, yo creo que tiene efectos retroactivos. Creo que va a afectar incluso del pa- sado”, manifestó.
Maldonado Paredes subrayó, en ese sentido, que la relación entre la fiscal de la nación, Patricia Benavides, y el Poder Ejecutivo está perjudicando la actuación independiente e imparcial del Ministerio Público.
“En primer lugar, en el ámbito estrictamente judicial hay una relación entre la actual fiscal de la nación y el Gobierno en perjuicio de la actuación independiente, diligente e imparcial del Ministerio Público. Ahí vemos un grupo de fiscales que está haciendo lo que puede, muchos de ellos no saben dónde van, pero por lo menos hay una intención de hacer algo”, declaró.
Cuestionó, del mismo modo, que el Gobierno haya nombrado a personajes muy cercanos al gobierno como embajadores para cumplir una determinada agenda. “Pero de otro lado también vemos, medidas diplomáticas. Yo hasta ahora no entiendo cuál es el papel del actual embaja- dor designado por la señora Boluarte en Costa Rica. Yo quisiera saberlo, y así hay otros embajadores también muy cercanos al gobierno que yo creo que también tienen una agenda en ese sentido”, refirió.
LEY DE COLABORACIÓN EFICAZ
El exprocurador cuestionó, asimismo, que el Pleno haya aprobado el dictamen que modifica los artículos 473, 476-A y 481-A del Nuevo Código Procesal Penal, referido al proceso especial por colaboración eficaz. Remarcó que la norma ataca el espíritu de la ley.
“Cuando decimos que esta ley ataca el espíritu de este instrumento amparado por el derecho internacional decimos precisamente que, en realidad, el Congreso no le importa quién pueda resultar beneficiado por esta norma, si es inclusive su — entre comillas— máximo enemigo político, Pedro Castillo”, expuso.
“En la medida en que esto ocurra, incluso va a servir como argumento para sostener que es una norma que no tiene un direcciona- miento en función de intereses personales, etcétera, pero también hay que hacer una referencia a estas medidas de impunidad adoptadas, tanto por el Congreso como por el gobierno de la señora Boluarte”, apuntó.
EFECTOS RETROACTIVOS
El exabogado del Estado advirtió, del mismo modo, que lo aprobado por el Congreso sí tendría efectos retroactivos e incluso podría beneficiar al expresidente Alejandro Toledo, detenido en el penal de Barbadillo (Diroes).
“En este caso, la ley de colaboración y eficaz que puede beneficiar incluso al expresidente Casti- llo también beneficiará al expresidente Toledo, contrariamente a lo que sostienen algunos colegas, yo creo que tiene efectos retroactivos. Creo que va a afectar incluso del pa- sado”, manifestó.
“Lo que se prepara, pues, es una intervención simplemente simbólica de parte del Ministerio Público, quebrando la pacífica doctrina de la Corte Interamericana de Derechos en materia de debida diligencia, cuando se señaló que la intervención del Ministerio Público no puede ser ilusoria, no puede ser formal, sino que debe ser real, y haciendo los máximos esfuerzos por obtener resultados, a pesar de que la obligación de investigar no sea una obligación de resultados, sino de me- dios, pero estos medios tienen que ser veraces, legítimos, no simplemente ilusorios”, refirió.
