El Estado resulta indiferente. En la comunidad de Nuevo Kanaan, distrito de El Cenepa, Augostina Mayán, lideresa indígena awajún de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), ha vuelto a reportar que viene siendo amenazada por bases que se dedican a la minería ilegal. De acuerdo a Mayán, a la comunidad nativa están ingresando cada vez más grupos vinculados a esta economía ilícita, basada en la extracción de oro de manera ilegal.
Según consignó una nota del portal Inforegión, la defensora exige a las autoridades competentes, tales como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, entre otras, que gestionen las acciones correspondientes lo más pronto posible para salvaguardar su vida e integridad. Esto, pese a que ya pasaron siete días desde que realizó su primera denuncia, hasta ahora, no cuenta con medidas de protección. Mayán, junto con los líderes awajún Hortez Baitug y Zebelio Kayap, solicitó en febrero del año pasado la activación del “Procedimiento de Alerta Temprana”, prevista en el protocolo del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus). Y aunque la resolución viceministerial se emitió el 4 de junio de 2021, a la fecha, ninguna de las medidas de protección ha sido implementada en favor de los afectados.Cabe recordar que esta no es la primera vez que Odecofroc alerta sobre este tipo de ataques a sus líderes indígenas.
En julio de 2022, un gran conjunto de personas relacionadas a la minería ilegal, incluyendo a miembros de cinco comunidades awajún, las cuales irrumpieron durante la realización de una asamblea de la organización indígena, en la comunidad nativa Mamayaque. De otro lado, Inforegión también dio cuenta de una nueva hipótesis sobre el caso de asesinato del líder asháninka Santiago Contoricón, ocurrido el 8 de abril, la cual podría conducir a la captura del presunto sicario que acabó con la vida del expresidente de la Central Asháninka del distrito de Río Tambo (CART), situado en la provincia de Satipo.
De acuerdo a la información, el Ministerio Público apunta que este se habría cometido en represalia por la decisión del dirigente indígena en brindar información a la Policía sobre las acciones de grupos vinculados al narcotráfico cerca a la localidad de Puerto Ocopa, donde vivía. Esto, considerando que horas antes del fatídico suceso la PNP se dispuso a realizar la incautación de 200 kilos de cocaína cerca a donde este se encontraba.
El pasado 3 de mayo el Ministerio de Interior (Mininter) informó, a través de un comunicado, que capturaron a uno de los presuntos responsables de nombre Ronal Pozo Huamán (26). Hasta el momento, la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad ha conseguido que se ratifique la orden de prisión preventiva por nueve meses contra el único detenido, quien ha sido vinculado a una banda criminal dedicada al narcotráfico en la zona.