Se desmarca. La presidenta Dina Boluarte respondió ayer las preguntas de la Fiscalia de la Nación, que la investiga por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y genocidio en torno a las muertes durante las protestas contra su gobierno en diciembre y enero pasado. Sin embargo, optó por guardar silencio ante las preguntas de la Procuraduría General del Estado (PGE) y las defensas de las víctimas que participaron en la diligencia.
Según se conoció las preguntas de la Fiscalía apuntaban a saber si la gobernante había ordenado el ataque con armas a los manifestantes, que terminó con decenas de fallecidos. Respondió negativamente.La presidenta también se escudó en que el Consejo de Ministros fue la instancia que aprobó los planes operativos que usaron las fuerzas del orden para repeler a los agresivos manifestantes y pacificar el país.
En resumidas cuentas, Boluarte, negó cualquier responsabilidad por las más de 60 muertes provocadas durante las manifestaciones que sucedieron tras el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
Evitó a la PGE
Las mismas fuentes consultadas indicaron que tras la intervención de la fiscal Benavides, el representante de la PGE, Omar Rojas, esperaba formular sus interrogantes. Sin embargo, la defensa de la presidenta se opuso.
Joseph Campos alegó que la Procuraduría no estaba en el derecho de participar, así como tampoco los abogados de las víctimas, y que su patrocinada no iba a contestar.
Ante ello, Rojas recordó que la Corte Suprema había autorizado a la Defensa del Estado a interrogar a la mandataria y al premier Alberto Otárola, otro de los investigados. Por esa razón, la Fiscalía permitió las preguntas, pero Dina Boluarte no contestó.
Este diario conoció que las interrogantes preparadas por la PGE buscaban conocer qué había hecho Boluarte para impedir más decesos luego de conocerse los primeros fallecidos por enfrentarse a la Policía y las Fuerzas Armadas.
Luego, Campos explicó a este diario las razones de esta postura. “Uno guarda silencio cuando ejerce su defensa, para no autoinculparse, pero declaramos que no íbamos a responder las preguntas porque no se contesta a quien no se debe”, sostuvo.
El letrado adelantó que, tras culminar la etapa de interrogatorios a testigos e investigados, requerirá que su defendida sea excluida del proceso penal.
“Esta investigación no tiene sentido, imputar genocidio a la presidenta de la República es una locura; el genocidio exige un dolo de exterminar a un grupo por lo que es, no por lo que hace; por eso este delito es étnico, racial o religioso”, argumentó.
Boluarte se retiró de la sede fiscal luego de tres horas y de la misma manera como llegó: bajo estrictas medidas de seguridad y protegidas por un cordón policial que no permitía ni siquiera una foto.
