TRAS EL POLÉMICO COMUNICADO en que recomiendan a mujeres aimaras no llevar niños a protestas, pero omiten condenar la agresión policial.
Frente a la tibia pronunciamiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ante la agresión policial contra mujeres aimaras que protestaban pacíficamente en la Plaza San Martin, y contra las que dispararon bombas lacrimógenas a pesar de que iban con sus pequeños hijos sobre sus espaldas, la excongresista Indira Huilca se dirigió a la ministra Nancy Tolentino, y a la viceministra Silvia Loli, para recriminarles por el cuestionado comunicado institucional.
Como se recuerda, tras las denuncias de la agresión policial, lejos de condenar estas acciones, el MIMP conminó a las madres de familia a «cuidar y proteger la los menores», evitando llevarlos a participar de las protestas en contra del Gobierno de Dina Boluarte.
«Sras. Nancy Tolentino y Silvia Loli, ministra y viceministra de la Mujer, ojalá algún día sientan vergüenza de este comunicado», publicó Huilca por sus redes sociales.
«Como ciudadanas mujeres ejercemos el derecho a la protesta. Lo que pone en riesgo la integridad de los hijos son los gobiernos asesinos como los que defienden», agregó.
Previamente, la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, había reiterado su defensa al derecho a la protesta, el mismo que incluye a las «ciudadanas que pueden ejercerlo sin dejar de ser madres».
Contraria a la lógica planteada por el MIMP, Vásquez señaló que «los menores no están en peligro porque sus madres protestan, sino porque el Gobierno las reprime con armas».
PIDEN LEVANTAR LA MILITARIZACIÓN
De otro lado, frente a las mencionadas agresiones sufridas por mujeres aimaras en la capital, así como la represión reiterada contra los pueblos originarios, organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la mujer, entre las cuales se cuentan la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Red Muqui, y Manuela Ramos, a través de un comunicado conjunto rechazaron la represión “racista y violenta” ejercida contra los pueblos aimaras, en especial contra mujeres y niños.
Asimismo, se solidarizaron “con el sufrimiento del pueblo aimara de Juli, quienes han sido reprimidos por ejercer su derecho a la protesta”.
En esa línea, aclararon que “el pueblo de Juli es pacífico, democrático y solidario”, y denunciaron “el racismo del Poder Ejecutivo, Legislativo, PNP y FFAA, así como la militarización que ha generado 20 heridos por PAF, perdigones y bombas lacrimógenas en Juli”.
Finalmente, frente a los últimos hechos de violencia registrados en la mencionada localidad, exigieron la derogatoria del Estado de Emergencia y la militarización de Puno.
