El gobierno de Perú anunció un bono económico para los familiares de fallecidos y heridos durante las últimas protestas, sin embargo, para muchos de ellos más importante que recibir dinero, es alcanzar justicia y que los responsables de la masacre paguen penalmente.
Llegaron a Lima para hacerse escuchar, y es que después de un mes y medio de la masacre en Juliaca – al sur de Perú, la justicia no se abre paso. Cuestionan la lentitud de las investigaciones para dar con los asesinos de sus seres queridos, y que decenas de heridos arrastran heridas graves sin ser atendidos. Es el caso de Julia Paccsi, quien tuvo que esperar un mes para que le extraigan una bala alojada en el cuello.
“Ya me intervinieron, pero ahora tengo otra intervención. Pido justicia para todo el pueblo de Juliaca, para aquellos hermanos también no tratados de las heridas que tuvimos. Pido justicia para el pueblo de Juliaca”, declaró a diario UNO, Julia Paccsi, herida de la represión en Juliaca.
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Cuestionan que el Gobierno se haya centrado en otorgar un bono económico para deudos y heridos, dejando de lado el acceso a la justicia.
“A nosotros nadie nos va a devolver a nuestros familiares, ningún dinero sea 50 mil o un millón eso no nos va a devolver el calor, el amor de nuestros familiares”, manifestó Raúl Samillán, hermano de médico asesinado en Puno.
Este bono de 13 mil dólares para los deudos de los fallecidos y 6 mil 500 dólares para los heridos, lleva consigo un mensaje, según defensores de Derechos Humanos:
“Para cualquier persona acá en el Perú, o en cualquier parte del mundo, ese tipo de acción solamente muestra una cosa que detrás de eso tácitamente estarían reconociendo su responsabilidad”, sostuvo Armando Haliré, abogado de derechos humanos.
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Un mensaje insignificante frente a otras políticas paralelas del gobierno.
“Es difícil que los familiares reciban este bono cuando por otro lado están planteando políticas de mayor represión penal y los territorios se mantienen militarizados con fuerzas policiales que están en todo el territorio, ¿no?, y en estado de emergencia”, agregó Jennie Dador, secretaria ejecutiva y Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Entre tanto, regiones de todo el país anuncian nuevas jornadas de protestas y marchas en la capital, no sólo pidiendo la renuncia de la presidenta y el cierre del Congreso, sino también justicia para los más de 60 fallecidos y alrededor de 2 mil heridos desde que inició el gobierno de Boluarte.
