Más de 500 docentes denunciados fueron impedidos de ser contratados, pero procesos penales aún están pendientes
El director de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Ministerio de Educación (Minedu), José Moreno Ocampo, informó que todos los casos denunciados que vinculan a docentes o personal de instituciones educativas son procesados administrativamente por la UGEL Condorcanqui.
Precisó que, desde las áreas involucradas del Minedu, se ha brindado apoyo en la formulación de informes técnicos y el acompañamiento a la comisión permanente de procesos administrativos disciplinarios, además de bloquear en los sistemas a un total de 513 docentes denunciados para impedir su contratación en las UGEL o instituciones educativas en el ámbito nacional, así como su postulación al concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial.
Explicó que la denuncia difundida está relacionada con la inacción en los procesos penales, los cuales derivan en penas de cárcel efectivas y son de competencia del Poder Judicial y el Ministerio Público. “Nuestras acciones son de carácter administrativo: evitan la contratación o disponen el retiro del docente de la institución educativa; sin embargo, no garantizan que el agresor se aleje de la víctima, ya que en muchos casos pertenecen a la misma comunidad e incluso son vecinos”, señaló.
Advirtió que esta situación tiene un impacto profundamente negativo en los estudiantes, pues la permanencia del agresor en libertad afecta su bienestar emocional y repercute en el logro de los aprendizajes, porque la violencia es uno de los factores asociados a los bajos resultados educativos.
Asimismo, subrayó que, por competencia, el Poder Judicial y el Ministerio Público son las entidades encargadas de los procesos penales que, de hallarse responsabilidad penal, sancionan con penas privativas de libertad.
En ese sentido, explicó que la intervención del sector Educación culmina en sanciones administrativas, como la destitución, lo que impide el retorno del agresor a una institución educativa, pero no necesariamente su permanencia en la comunidad. Por ello, remarcó la importancia de que las instancias competentes actúen con celeridad para garantizar la protección integral de los estudiantes.
