Lejos de ser rescatada o fortalecida, Petroperú atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente, no por razones técnicas o de mercado, sino por una abierta guerra interna entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas, que
está empujando a la empresa estatal a una crisis cada vez más profunda.
Este lunes, a las 10 de la mañana, se produjo un nuevo y grave episodio que
grafica el nivel de descomposición institucional. Mario López Tejerina, asesor del Ministerio de Energía y Minas, irrumpió en el piso 21 de la sede central de Petroperú y, según testigos, se puso a gritar de manera prepotente e irrespetuosa contra la presidenta del directorio, la gerente general y el gerente de finanzas, como si se tratara de su propiedad privada y no de la principal empresa energética del Estado.
El hecho, que ha generado profunda indignación entre los trabajadores y cuadros técnicos, no solo evidencia la injerencia política directa del MINEM, sino también el trato autoritario y abusivo de funcionarios sin responsabilidad directa, pero con poder de facto sobre las decisiones estratégicas de la empresa. Horas después, a la 1:40 de la tarde, se consumó otra consecuencia directa de este clima de hostigamiento e inestabilidad: la gerente general, Rita López, presentó su renuncia irrevocable, apenas dos días después
de haber sido colocada en el cargo por la presidenta del directorio, Elba Rojas,
a quien diversas fuentes internas califican como una figura sin autonomía real frente a las presiones políticas del Ejecutivo.
Este nuevo episodio se suma al proceso que sindicatos y especialistas ya denominan como el “descuartizamiento de Petroperú”, en el que la empresa no solo ha sido debilitada
institucionalmente, sino también asfixiada financieramente. La situación se agravó tras las declaraciones públicas de la ministra de Economía, quien en su momento afirmó que Petroperú estaba “quebrada”. Estas expresiones, lejos de ser responsables, cerraron
de inmediato el acceso al financiamiento, provocando que bancos nacionales e internacionales, así como proveedores de crudo, retiren líneas de crédito y condiciones comerciales, dejando a la empresa prácticamente sin caja.
Hoy Petroperú no solo enfrenta una crisis de gobernanza y liderazgo, sino que ha sido empujada a una parálisis operativa que ya tiene efectos concretos en el país. Al no poder operar con normalidad ni acceder a financiamiento, la empresa está dejando de abastecer
de combustibles a la Selva peruana, una región históricamente dependiente de la logística estatal, mientras que a nivel nacional se registra un incremento sostenido en los precios de
los combustibles. Así, mientras el Gobierno insiste en un discurso de “salvataje” y “restructuración”, la realidad muestra todo lo contrario: un Estado dividido, ministros enfrentados y una empresa estratégica empujada al abismo, sin financiamiento, sin estabilidad y ahora también sin conducción.
Petroperú no está siendo salvada. Está siendo destruida desde dentro de los ministerios y de los intereses cruzados de la ministra de economía que hace rato debería haber sido interpelada en el Congreso de la República.
