Empresa ligada al líder de Renovación Popular debe más de S/12.9 millones en impuestos.
Omisión en hoja de vida podría acarrear sanciones e investigaciones.
Transparencia en entredicho en plena antesala electoral.
El alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, no informó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su vínculo con una empresa que mantiene una millonaria deuda tributaria con la Sunat y que, además, fue declarada irregular por la autoridad fiscal, según reveló una investigación periodística.
De acuerdo con la información, López Aliaga omitió consignar en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones su relación con Peruval Corp. S.A., empresa que registra una deuda superior a los S/12.9 millones con la SUNAT y que figura como “no habida” en los registros oficiales.
La normativa electoral es clara: los candidatos están obligados a declarar de manera completa y veraz todas sus participaciones empresariales y vínculos societarios, a fin de garantizar la transparencia ante el electorado. La omisión de esta información constituye una falta grave que puede acarrear sanciones administrativas e incluso derivar en investigaciones de carácter penal, según especialistas en derecho electoral.
La empresa en cuestión ha sido declarada irregular por la Sunat debido al incumplimiento reiterado de sus obligaciones tributarias, lo que refuerza los cuestionamientos sobre por qué dicha vinculación no ue informada oportunamente al sistema electoral.
Pese a ello, el líder de Renovación Popular no habría ofrecido hasta el momento una explicación clara sobre esta omisión.
Este nuevo cuestionamiento se suma a una serie de controversias que rodean la trayectoria política y empresarial de López Aliaga, quien ha construido su discurso público en base a la “honestidad” y la “mano dura contra la corrupción”. Sin embargo, los hechos revelados ponen en entredicho esa narrativa y abren serias dudas sobre la coherencia entre su discurso y su práctica. La revelación genera especial preocupación en un contexto preelectoral, donde la ciudadanía exige mayor transparencia y rendición de cuentas a quienes aspiran a mantenerse o llegar al poder. En ese escenario, el caso vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de fiscalizar con mayor rigor la información patrimonial y empresarial de los actores políticos.
