Dr: Iván Sequeiros
Exjuez postula al Senado por
Somos Perú con el Número 1
El Perú atraviesa una grave etapa de desgobierno, caracterizada por un Estado débil, inestable y precario. Veo con preocupación cómo quienes hoy detentan el poder han abandonado la búsqueda del bien común para priorizar su propia supervivencia política y la conservación de sus privilegios. Percibo que hemos dejado al país funcionando en «piloto automático», totalmente de espaldas a la ciudadanía.
Mi tesis central es contundente: un aparato estatal caótico y en permanente disputa interna es incapaz de vencer al crimen organizado. Es paradójico, pero debo admitir que la delincuencia actúa hoy con mayores niveles de orden, planificación y eficacia que nuestro propio Estado. Estoy convencido de que la lucha contra la inseguridad requiere estabilidad y estrategias a largo plazo, condiciones que hoy, lamentablemente, no existen.
*Asigno responsabilidades compartidas a todas las instituciones y critico severamente que se culpen mutuamente en lugar de coordinar:
En el Ejecutivo, denuncio que la constante rotación en el Ministerio del Interior y la Policía impide sostener planes de inteligencia. Considero que medidas como los estados de emergencia son acciones aisladas e ineficaces ante la ausencia de una política integral.
Sobre el Ministerio Público, observo un órgano sumido en conflictos internos, egos y politización. Estas disputas intestinas lo distraen de su función de perseguir el delito, generando descrédito y favoreciendo la impunidad.
Al Legislativo lo critico duramente por no crear un marco normativo coherente. Por el contrario, ha flexibilizado leyes (lavado de activos, extinción de dominio) facilitando el accionar criminal.
Respecto al Poder Judicial, reconozco que opera con limitaciones presupuestales históricas. Aunque ha logrado encarcelar a altos funcionarios, su eficacia depende de una fiscalía sólida, de la cual hoy carecemos. Asimismo, cuestiono al Tribunal Constitucional por inmiscuirse indebidamente en la justicia penal, favoreciendo a procesados bajo el argumento de la tutela de derechos.
Mi conclusión es clara: mientras persista esta desigualdad entre un crimen organizado y un Estado desorganizado, los anuncios sobre seguridad serán meras quimeras. Recomiendo priorizar la recuperación de la solidez institucional antes de esperar resultados reales.
