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Gobierno de Jerí impone uso obligatorio del eslogan «¡El Perú a toda máquina!» en todo el Ejecutivo

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La medida busca unificar la comunicación estatal bajo un lema que refleje «movimiento constante» contra la delincuencia


El gobierno de Dina Boluarte oficializó este martes el uso obligatorio del lema «¡El Perú a toda máquina!» en toda la publicidad y comunicación institucional de las entidades del Poder Ejecutivo. La disposición incluye también un logotipo asociado que deberá aparecer en campañas, boletines y servicios dirigidos a la ciudadanía durante 2026.

La Resolución Ministerial N.º 366-2025-PCM, firmada por el primer ministro Ernesto Álvarez Miranda, apareció publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. El documento establece que todas las entidades del Ejecutivo incorporarán el eslogan en sus materiales oficiales, tanto en medios tradicionales como digitales.

Un mensaje para reforzar la imagen gubernamental

La norma justifica la medida como parte de una estrategia para proyectar una imagen de «movimiento constante y decidido» frente a la delincuencia. El gobierno presenta esta característica como distintiva de su gestión actual. Sin embargo, la decisión llega en un contexto donde las cifras de inseguridad ciudadana mantienen niveles críticos en gran parte del país.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros asumirá la responsabilidad de definir los lineamientos visuales. Este organismo establecerá también las pautas para la aplicación gráfica del lema y el logotipo en los distintos materiales que produzcan las instituciones del Estado.

Unificación comunicacional desde el Estado

El nuevo eslogan reemplaza las anteriores políticas de comunicación del gobierno. La medida apunta a consolidar una presencia institucional homogénea del Estado peruano bajo un mismo mensaje. Las entidades del Ejecutivo deberán ajustar sus estrategias comunicacionales a esta directriz a lo largo del próximo año.

La imposición de un lema único plantea interrogantes sobre la autonomía comunicacional de cada sector del Estado. También genera dudas respecto al costo que implicará adaptar toda la infraestructura visual y publicitaria de las instituciones públicas a este nuevo lineamiento obligatorio.