Gonzalo Monteverde y María Carmona buscaban cambiar 36 meses de prisión preventiva por comparecencia con restricciones, pero el juez determinó que nunca estuvieron privados de libertad
El Poder Judicial cerró la puerta a un nuevo intento de Gonzalo Monteverde y María Carmona para eludir la cárcel. Ambos empresarios, procesados por el caso Odebrecht, querían cambiar su prisión preventiva de 36 meses por una simple comparecencia con restricciones. El juez Jorge Chávez Tamariz rechazó el pedido y dejó en claro que la justicia no cederá ante maniobras dilatorias.
Argumentos rechazados por inconsistentes
La defensa de Monteverde y Carmona presentó varios argumentos para justificar su solicitud. Alegaron que pasaron más de seis años investigándolos sin problemas, que sus clientes tienen 71 y 73 años respectivamente, que son pacientes oncológicos y que la prisión preventiva ya caducó según la ley 32130. También denunciaron que la medida responde a intereses mediáticos y constituye una presión política sobre los jueces peruanos.
El juez Chávez Tamariz desmontó cada argumento. En su resolución del 22 de diciembre, señaló que ninguno de los dos empresarios pasó un solo día tras las rejas. La edad avanzada y las enfermedades oncológicas no son información nueva ni presentaron documentos médicos recientes que justifiquen un cambio de medida. Además, las referencias a jurisprudencia extranjera que citó la defensa no aplican al caso peruano.
La independencia judicial frente a las presiones
El magistrado fue contundente al defender la autonomía de los jueces. Recordó que el artículo 139 de la Constitución garantiza la independencia del ejercicio jurisdiccional. Los jueces no responden a presiones externas ni internas, incluyendo las que ejercen las partes procesales o terceros interesados. Si los abogados quieren cuestionar al Ministerio Público, deben hacerlo por las vías administrativas correspondientes, no a través del juzgado.
Acusación fiscal pide hasta 33 años de cárcel
El fiscal José Domingo Pérez solicitó el 18 de diciembre penas de entre 13 y 33 años de prisión para Monteverde, Carmona y otras cinco personas. La acusación los señala como responsables de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, con el agravante de pertenecer a una organización criminal.
Según la Fiscalía, Monteverde generaba los flujos de dinero ilícito para la caja dos de Odebrecht y recibía el efectivo que la constructora usaba para pagar sobornos y financiar campañas políticas en el Perú. Ambos empresarios tienen orden de captura nacional e internacional desde 2019 y permanecen no habidos. El Ministerio del Interior ofrece medio millón de soles de recompensa por la ubicación de Monteverde.
