MEF impulsa “reestructuración” exprés que abre la puerta a la privatización de la Nueva Refinería de Talara, como en los 90 con La Pampilla.
Sindicatos denuncian entrega del patrimonio energético y exigen la renuncia inmediata de la ministra de Economía.
Gobierno pretende quedarse con las deudas y regalar los activos más rentables a grupos privados.
MINISTRA MEF ESPERA
CONSOLIDAR DECRETO DE
URGENCIA EN EL PRÓXIMO
CONSEJO DE MINISTROS
Y AVANZAR CON EL
“DESCUARTIZAMIENTO”
DE PETROPERÚ
La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles Miralles, confirmó públicamente en declaraciones a RPP, la intención del Ejecutivo de aprobar entre hoy y mañana un Decreto de Urgencia para la denominada “reestructuración” de Petroperú, bajo el pretexto de que “no es responsable” continuar inyectando recursos públicos para el pago de sus deudas. Según sostuvo, la medida buscaría “salvaguardar los activos del Estado” y otorgar una “solución integral”, aunque los detalles concretos del proceso quedarían definidos recién en el propio dispositivo legal.
No obstante, la ministra admitió que dicha reestructuración podría implicar la aplicación de “una serie de mecanismos” que incluyen la venta de activos o esquemas mediante los cuales el Estado “pone en valor” bienes estratégicos para que sean desarrollados por inversión privada. Si bien evitó emplear abiertamente el término privatización, sus declaraciones abren la posibilidad de una transferencia parcial de activos y rentas a operadores privados, lo que ha encendido las alertas sobre una eventual privatización encubierta de la empresa estatal. En el corto plazo esta acción estaría enfocada en la venta de inmuebles equivalente a US $227 millones ubicados en diversas regiones a los que se suma la
EXPRESIDENTE
DEL DIRECTORIO
DE PETROPERÚ:
PROFUNDIZACIÓN DE
LA CRISIS RESPONDE
A LA POLITIZACIÓN
IRRESPONSABLE
DEL GOBIERNO DE
JERÍ. ESTADO DEBE A
PETROPERÚ S/ 4,000
MILLONES POR NO
DEVOLUCIÓN DEL IGV
El expresidente del Directorio de Petroperú, Alejandro Narváez Liceras, en declaraciones a un medio de comunicación, cuestionó públicamente la intención del Ejecutivo, liderado por la ministra de Economía y Finanzas Denisse Miralles Miralles, de impulsar un Decreto de Urgencia para la denominada “reestructuración” de la empresa estatal, advirtiendo que dicha medida se estaría gestando en un contexto de fuerte inestabilidad directiva y creciente politización de la gestión. Narváez sostuvo que la crisis financiera de Petroperú no
responde a una inviabilidad estructural, sino a decisiones operativas específicas y a un ciclo transitorio de pérdidas asociado al cierre de la antigua refinería y al proceso de arranque de la Nueva Refinería de Talara. En ese sentido, afirmó que duransede central en San Isidro cuyo valor base es cercano a US$160 millones constituyendo en un “gran negocio inmobiliario”, debemos señalar que el presidente José Jerí Oré al iniciar su gobierno transitorio se reunió con grupos empresariales para “impulsar los negocios en este sector”. Pero el botín más apetitoso sería la Nueva Refinería de Talara que constituye un patrimonio estratégico para el país y considerada entre las cinco refinarías más importantes a nivel mundial.
Desde una perspectiva de gobernanza, el anuncio ha generado preocupación debido a que una decisión de esta magnitud se canalizaría mediante un Decreto de Urgencia, reduciendo el debate público y el control parlamentario sobre el destino de activos estratégicos. Especialistas advierten que una reestructuración sin transparencia ni criterios claramente definidos podría fragmentar Petroperú, dejando al Estado con los pasivos mientras se transfieren las unidades más rentables a intereses mercantilistas.
Asimismo, la ministra se comprometió a que el proceso no afectará los derechos laborales ni provocará desabastecimiento de combustibles, promesas que trasladan al Ministerio de Economía y Finanzas una alta responsabilidad política. De no cumplirse estos compromisos, el costo económico y social de la medida recaería directamente en el MEF, reforzando la percepción de que la llamada “reestructuración” podría convertirse en un punto de inflexión hacia la entrega del patrimonio energético nacional a grupos privatizadores.
EXPRESIDENTE
DEL DIRECTORIO
DE PETROPERÚ:
PROFUNDIZACIÓN DE
LA CRISIS RESPONDE
A LA POLITIZACIÓN
IRRESPONSABLE
DEL GOBIERNO DE
JERÍ. ESTADO DEBE A
PETROPERÚ S/ 4,000
MILLONES POR NO
DEVOLUCIÓN DEL IGV
El expresidente del Directorio de Petroperú, Alejandro Narváez Liceras, en declaraciones a un medio de comunicación, cuestionó públicamente la intención del Ejecutivo, liderado por la ministra de Economía y Finanzas Denisse Miralles Miralles, de impulsar un Decreto de Urgencia para la denominada “reestructuración” de la empresa estatal, advirtiendo que dicha medida se estaría gestando en un contexto de fuerte inestabilidad directiva y creciente politización de la gestión.
Narváez sostuvo que la crisis financiera de Petroperú no responde a una inviabilidad estructural, sino a decisiones operativas específicas y a un ciclo transitorio de pérdidas asociado al cierre de la antigua refinería y al proceso de arranque de la Nueva Refinería de Talara. En ese sentido, afirmó que durante su gestión se evidenciaron
señales de recuperación operativa y financiera, las cuales, según indicó, quedaron truncas por los cambios abruptos en la conducción de la empresa. Uno de los puntos más
críticos señalados por el exdirectivo es la deuda que el Estado peruano mantiene dicha deuda producto de la no devolución del IGV correspondiente al subsidio del consumo de combustibles en la Amazonía. Narváez remarcó que esta carga fiscal, asumida indebidamente por la empresa estatal, ha deteriorado su caja y distorsiona el discurso oficial que responsabiliza exclusivamente a Petroperú por su situación financiera.
Asimismo, advirtió que las declaraciones y decisiones del propio Ejecutivo han afectado
la confianza del mercado, reflejándose en la caída del valor de los bonos de la empresa y en un mayor estrés financiero. Desde su perspectiva, avanzar en una reestructuración vía Decreto de Urgencia, sin antes saldar las obligaciones del Estado y sin un debate transparente, podría facilitar la fragmentación de la empresa y la transferencia
de activos estratégicos a intereses privados, trasladando al Ministerio de Economía y
Finanzas la responsabilidad política y económica de una eventual entrega del patrimonio energético nacional.
EXVICEPRESIDENTA
DE LA REPÚBLICA:
DECRETO DE URGENCIA
EXCEDE ATRIBUCIONES
DEL GOBIERNO DE
TRANSICIÓN. COMISIÓN
DE FISCALIZACIÓN
DEL CONGRESO DEBE
REALIZAR CONTROL
POLÍTICO
La exvicepresidenta Marisol Espinoza Cruz, en entrevista concedida al periodista
Luis Coello de CNTV-Talara, cuestionó públicamente el rol de la ministra de Economía y
Finanzas, Denisse Miralles Miralles, en la promoción de un Decreto de Urgencia orientado
a la reorganización patrimonial de Petroperú. Espinoza advirtió que una decisión de
esta magnitud, adoptada mediante un instrumento excepcional, excede las atribuciones
de un gobierno de transición y podría comprometer activos estratégicos del Estado sin el
debido debate democrático ni control parlamentario. Además, indicó que es grave lo
establecido en el proyecto del Decreto de Urgencia que deja de lado la Ley 30130, “Ley que
declara de necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución de la Modernización
de la Refinería de Talara para asegurar la preservación de la calidad del aire y la salud pública y adopta medidas para fortalecer el gobierno corporativo de Petróleos del Perú PETROPERÚ S.A.”, indicó que el Decreto de Urgencia como “decreto de escisión” no estaría por encima de esa ley, en ese sentido afirmó que la conducta de Miralles sería
“entreguista”. La exvicepresidenta sostuvo que el uso del Decreto de Urgencia buscaría acelerar una escisión de la empresa estatal, abriendo el camino a una eventual transferencia de activos a intereses privados bajo el argumento de “reordenamiento financiero”. En ese sentido, alertó que este tipo de medidas no solo debilitan la gobernanza corporativa de Petroperú, sino que también generan señales negativas al mercado y a la ciudadanía, al percibirse como un intento de privatización encubierta de una empresa considerada estratégica para la seguridad energética del país.
Asimismo, Espinoza cuestionó el discurso oficial del Ministerio de Economía y Finanzas respecto al supuesto “costo fiscal” de Petroperú, señalando que se omiten responsabilidades históricas del propio Estado y cargas heredadas que han afectado su situación financiera. Según indicó, este enfoque parcial contribuiría a justificar decisiones que, lejos de fortalecer la empresa, podrían fragmentarla y facilitar su entrega a grupos mercantilistas, reproduciendo esquemas ya conocidos en procesos de privatización del pasado.
ALIANZA PARA EL
PROGRESO (APP)
LIDERADO POR
CÉSAR ACUÑA
ESTARÍA OPERANDO
POLÍTICAMENTE PARA
PRIVATIZACIÓN DE
PETROPERÚ. MINISTRA
MEF SERÍA SU CUOTA EN
EL GOBIERNO
Existe un contexto político que es importante resaltar que estaría detrás de
la “velocidad privatizadora” de la Ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles
Miralles, quien fue exviceministra de Economía durante el ejercicio como ministro en
esta cartera de José Salardi Rodríguez, quien actualmente es el Jefe del Plan de Gobierno del partido político Alianza Para el Progreso liderado por César Acuña Peralta.
Miralles y Salardi también laboraron juntos en PROINVERSIÓN, la primera desempeñó el cargo de Directora(e)en la Dirección de Inversiones Descentralizadas, y el segundo, ocupó el cargo de director ejecutivo de Proinversión siendo también su jefe. Según fuentes consultadas, el exministro sería de absoluta confianza del candidato presidencial Acuña Peralta, y que, éste estaría informado de todos los pormenores de
las “gestiones” de la ministra del MEF, y que tendría interés en participar en le negocio de
la sede principal de Petroperú en San Isidro con el objetivo de ampliar la infraestructua
universitaria de la Universidad César Vallejo que en el corto plazo estaría por firmar
un convenio con una universidad de gran prestigio norteamericana.
Estos personajes serían quienes estarían acelerando y direccionando la privatización de Petroperú, presuntamente coludidos con grupos económicos ligados al negocio de hidrocarburos. ¿El lema “plata como cancha” se cierne sobre las decisiones de Miralles
Miralles?
COALICIÓN NACIONAL
DE SINDICATOS DE
PETROPERÚ (CNSP)
EXIGEN RENUNCIA
DE LA MINISTRA DEL
MEF Y ANUNCIAN
MOVILIZACIONES EN
IQUITOS, TALARA, PIURA
Y LIMA
Rafael Noblecilla Escobedo, coordinador general de la CNSP, declaró a Diario UNO:
“La acción de la ministra Denisse Miralles es subalterna y atenta contra el patrimonio
estratégico del país como es Petroperú, empresa estatal que cumple un rol subsidiario
cumpliendo el mandato del artículo 28 de la Carta Magna que establece que en el país
impera un sistema de economía social de mercado. En ese sentido, la empresa ha subsidiado a la población más alejada y vulnerable del país en la selva y sierra peruana sin
devolución del IGV por cerca a S/4,000 millones de soles que hasta ahora el Estado no
paga, restando competitividad frente a las empresas privadas. Por tanto, así como la
ministra Miralles señala que la empresa tiene deudas, la Coalición exige que el gobierno inicie el pago de esa deuda para poder revertir la situación financiera de la empresa y no
se llene la boca hablando de un pasivo de S/17,000 millones de soles que no corresponden en la realidad por ese motivo esperamos que nos responda la carta notarial que le hemos
enviado”.
Asimismo, indicó que los sindicatos de Petroperú aglutinados en la CNSP iniciarán acciones de protesta en defensa de la preservación de la empresa y exigen la intervención de la Comisión de Fiscalización, así como la de Energía y Minas del Congreso de la República, La Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, porque habrían indicios de acciones que podrían ser considerados de corrupción y, que premeditadamente estarían conduciendo con presión “mediática” y política a exponer dolosamente a Petroperú a una “asfixia” financiera para luego lograr su “descuartizamiento” conforme lo señala el proyecto de Decreto de Urgencia que es de dominio público y que llevaría por titulo: “Decreto de Urgencia que establece
medidas extraordinarias en materia económica y financiera y dispone la reorganización patrimonial de Petroperú S.A.”
