Una familia que durante casi cuatro décadas ha vivido y trabajado en su propia tierra hoy enfrenta la posibilidad real de perderlo todo: su hogar, su seguridad y hasta la vida, ante el accionar violento de una presunta organización criminal dedicada al tráfico de terrenos.
El miedo se ha instalado como un habitante más en la zona del Atillo, en Chancay. Allí, un predio de diez hectáreas, que ha sido el sustento de generaciones, está a punto de ser arrebatado mediante amenazas, disparos, incendios provocados, robos y maniobras legales fraudulentas, mientras las autoridades miran hacia otro lado.
AMENAZAS Y DISPAROS
La señora Katherine Veliz Cuellar, junto a sus hijos menores y su padre, vive un verdadero calvario. Desde hace 38 años su familia habita el terreno que hoy es codiciado por traficantes que actúan sin temor a la ley.
“Tenemos miedo, mucha indignación. Aquí llegan delincuentes con matones, disparan armas de fuego, queman casas, roban nuestras cosas y nadie hace nada. Están usando la figura de compra de acciones y derechos para quitarnos lo que es nuestro”, relata Katherine con la voz quebrada.
Las noches se han convertido en una pesadilla. Cada ruido puede ser el anuncio de un nuevo ataque. Cada amanecer, la incertidumbre de encontrar su vivienda reducida a cenizas.
¿Y LAS AUTORIDADES?
Lo más alarmante, según denuncia la familia, es la pasividad policial. A escasos metros del predio se encuentra la Policía de Carreteras, pero —afirman— nunca interviene, ni siquiera cuando se escuchan disparos.
“Cuando llamamos al 105, vienen, conversan con los delincuentes, les piden el DNI y se van. Luego regresan a quemarnos la casa, a robarnos, a intimidarnos. La comisaría de Chancay no nos protege”, denuncia Katherine entre lágrimas.La situación no mejora en la Fiscalía de Prevención del Delito. “Hemos ido llorando, pidiendo ayuda, y no nos hacen caso”, afirma con desesperación.
PRESUNTOS RESPONSABLES
La denunciante identifica con nombre y apellido a quienes señala como responsables de estos actos criminales: José Rafael Cuzcano Estupiñan, José William Pereira Ortiz, policía recientemente retirado, y su hermano Miguel Pereira Ortiz, también exefectivo policial.
Según Katherine, estas personas obtuvieron de manera irregular acciones y derechos sobre el terreno y luego los habrían vendido a Arturo Fernando Sánchez Lozada, quien habría regresado recientemente al predio acompañado de delincuentes para incendiar viviendas.
“Este terreno fue donado a mis padres por la Comunidad Campesina Lomera de Huaral, en una asamblea general. Aquí hemos vivido toda la vida”, cuenta Katherine, visiblemente afectada.Aunque la inscripción en Registros Públicos se concretó recién en 2021, la familia sostiene una posesión pacífica y continua de 38 años.
COMISARIO. Finalmente, la señora Veliz responsabiliza directamente al comandante Carlos Bendezú, actual jefe de la comisaría de Chancay, por no actuar frente a hechos que —según denuncia— son de público conocimiento.
